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Al cumplirse el pasado 26 de septiembre nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un informe en el que, lejos de validar que fue un crimen de Estado y que el Ejército mexicano tuvo responsabilidad directa, reculó y de paso aceptó que el narcotráfico fue el que secuestró, asesinó y desapareció a los estudiantes.

Esta nueva versión pone en evidencia las contradicciones y errores cometidos por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración y presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, del exfiscal especial Omar Gómez Trejo y de otros involucrados en las narrativas.

Encinas y Gómez Trejo expusieron siempre que se trató de un crimen de Estado y que el Ejército tuvo injerencia directa, ya sea por omisión o complicidad, lo que nunca pudieron demostrar de manera contundente; no obstante, dos generales, un oficial y 16 de tropa fueron procesados y encarcelados en el Campo Militar Número 1, aunque sus abogados buscan aprovechar todas estas contradicciones para liberarlos.

Existen muchas evidencias de que Encinas cometió errores garrafales. Con el respaldo de la Fiscalía y bajo el diseño de una insólita estrategia, aprovecharon las fallas e inconsistencias de la entonces PGR de Murillo Karam para liberar a decenas de sicarios confesos. La idea era convertirlos en testigos protegidos y, bajo ese beneficio, dijeran la verdad en torno a lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, pero lo único que lograron fue poner en libertad a 80 responsables del crimen, dinamitar el caso y hacer más endebles las investigaciones.

¿Qué hizo cambiar al Presidente la versión cuando también compartía la misma tesis de Encinas? Quizá fue el hecho de que la investigación ya no tiene pies ni cabeza y que se le agotó el tiempo y la paciencia para desenmarañar el caso y entregar la verdad que quieren los padres de las víctimas. Esa misma que en su momento y de forma precipitada les ofreció, incluso, prometió hallarlos vivos. Hoy, la realidad golpea a los padres y al Presidente; los estudiantes fueron asesinados por el narcotráfico y López Obrador está en riesgo de perder la continuidad de su proyecto transformador.

A cinco años de los hechos, la “verdad alterna” es sólo la “verdad histórica 2.0”. Lo irrefutable es que tanto la administración de Peña Nieto, como la de López Obrador han fracasado. Construyeron narrativas falsas y contaminaron las investigaciones. Alejandro Encinas debe renunciar porque, junto con otros colaboradores, estaría en la antesala de un proceso judicial, justamente, por esas mismas imputaciones que se hicieron en contra de Murillo Karam, por las cuales está preso.

* Violencia en el sureste mexicano. Chiapas enfrenta una situación de violencia desbordada. La disputa entre los cárteles JNG y el de Sinaloa es por el control de indocumentados, el trasiego de armas, dinero, drogas y combustible, el cobro de piso y extorsión a comercios.

Un análisis del senador Ricardo Monreal advierte que en esta disputa estaría algo más en juego: la autonomía territorial y la explotación de recursos naturales, algo similar a lo que hace 30 años intentó hacer el EZLN con los municipios autónomos pluriétnicos.

Quintana Roo, tiene una gran riqueza natural lo mismo que Chiapas; el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, permitiría a los cárteles controlar la entrada y salida, no sólo de droga, sino también de otros productos de y hacia China, EU y Europa.

El problema es mayor, la “guerrilla romántica” ha sido sustituida por una “narcoguerrilla”, los rifles de palo son ahora de asalto; los caballos son camionetas Cheyenne artilladas y los encapuchados ya no son indígenas, sino sicarios. Se trata de un asunto de seguridad nacional en serio.

* ¿Qué ya no hay masacres? En Zacatecas, seis adolescentes fueron ejecutados y en Nuevo León hallaron 12 cuerpos.

DE IMAGINARIA

El Ejército mexicano se ha multiplicado en las fronteras norte y sur por la actividad del narcotráfico y por la presencia de fuerzas armadas de EU y de Guatemala.

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