¿Por qué la marcha de hoy en defensa del INE tiene tan molesto al Presidente? ¿Qué es lo que provoca el rosario de descalificaciones para quienes convocan y participarán en esta manifestación que se replicará en varias ciudades del país? ¿Por qué atiza la polarización y la confrontación? ¿Por qué insulta en lugar de argumentar?
¿Qué teme perder: poder, control, mayorías, confianza? ¿Por qué su prioridad es la reforma electoral, cuando la violencia y la inflación tienen de rodillas a los ciudadanos mexicanos?
¿Por qué se marcha en defensa del INE? Porque en la iniciativa presidencial se propone cambiar la forma de elegir a los consejeros electorales y el problema no está en que los ciudadanos voten y elijan, la preocupación está en quiénes nombrarán a los candidatos: 20 el Presidente, 20 el Congreso con mayoría de Morena y 20 la Suprema Corte.
¿Se imagina qué pasaría si los siete consejeros que ganaran la elección fueran los que propuso el Presidente? Una hipótesis muy factible si tomamos en cuenta que en los procesos internos de Morena (hablamos de sus encuestas) siempre gana el que quiere el Presidente, si no pregúntele a Ricardo Monreal o a Susana Harp.
O, ¿qué pasaría si cinco de los que resultaran electos fueran candidatos del Ejecutivo federal y dos de la bancada de Morena en el Congreso? El país regresaría a las épocas donde el Presidente decidía quién ganaba las elecciones. Ya tuvimos una Comisión Federal Electoral, ya sabemos lo que significan las elecciones cuando uno de los partidos tiene mayoría en el órgano electoral y Manuel Bartlett lo sabe muy bien.
Las elecciones representan el juego de los intereses políticos y el premio es el poder; los partidos —con estructura territorial aceitada y con recursos materiales, humanos y económicos para desplegarse por todo el país—, son la maquinaria y los competidores en este juego; por eso en cada proceso electoral se requiere de un árbitro y un organizador que dé garantías de imparcialidad. Y así ha sido en las últimas cuatro jornadas electorales, tres ganadas por la oposición.
¿Quién puede garantizar que los candidatos del Presidente o de Morena en el Congreso serán imparciales? Impensable, lo más factible es que les sean incondicionales.
La iniciativa presidencial para reformar la Constitución en material electoral elimina los institutos y tribunales electorales locales y al INE lo convierte en Instituto Nacional Electoral y de Consultas, centraliza sus atribuciones y sin presupuesto.
¿Por qué debilitar a una institución y sistema electoral que le ha reconocido los triunfos a Morena sin escatimar un solo voto? Porque el problema no está en el INE ni en sus consejeros, está en el miedo de perder los votos en las urnas; saben que el electorado ya reconoce la fuerza y validez del sufragio y que ha premiado y castigado, por eso sacó al PRI con Fox y Calderón, luego volvió a pasarle la factura al PRI de Peña Nieto y le dio su confianza a Morena.
En Palacio Nacional saben que han decepcionado al pueblo que se quedó sin Seguro Popular, a la clase media, a las mujeres y a las organizaciones de la sociedad civil que hoy descalifica desde “la mañanera”.
El Ejecutivo quiere un érbitro obediente e incondicional. Retomo las palabras de José Woldenberg, exconsejero presidente del IFE:
“Añora el México de los 50 y 60, le gustaría encabezar una Presidencia en la cual no tuviera contrapesos institucionales, la prensa estuviera alineada a la voluntad presidencial, que las organizaciones sociales fueran un eco de su voluntad y que los partidos políticos sólo fueran testimoniales”.
Por eso, mina a los órganos autónomos y crea secciones —ahora diaria— de quién es quién en los medios para llamar mentira o manipulación a los hechos que reporta la prensa y que le molestan porque son verdad, muy a su pesar.
Woldenberg recuerda que cuando había hegemonía priista, con los votos suficientes para hacer su voluntad en el Congreso, la reforma electoral de 1977 se hizo justamente para abrir la puerta a los partidos de oposición que estaban excluidos y se modificó la fórmula para la integración de la Cámara de Diputados para inyectarle pluralidad.
En ese entonces, el motor fue atender las demandas de la oposición y hoy se descalifica y persigue a la oposición.
La iniciativa enviada por el Presidente pide acabar con el financiamiento ordinario a los partidos y sólo recibirían dinero en año electoral, pero detrás de esta propuesta está la idea de debilitar a los partidos de oposición. Se pueden disminuir los recursos, por su puesto, pero no dejarlos a merced de otras fuentes de financiamiento de dudosa procedencia, como el crimen organizado. El dinero público es transparente, deja huella, se sabe de dónde viene y a dónde va, ¿recuerdan el Pemexgate?
El aprecio y la confianza por el INE son muy altos, los ciudadanos confían en el órgano electoral, ¿por qué abrir otro polo de confrontación?
¿Cuáles serán los calificativos que utilizará mañana el Presidente para referirse a la marcha? Seguro dirá que le tuvieron miedo al Zócalo, que los defensores del INE no llegaron ahí porque no lo llenaban, pero usted querido lector no pierda de vista que la marcha no será de acarreados, que no se pedirá a las alcaldías ni al gobierno de la CDMX camiones para “movilizar” a los pensionados o beneficiarios de becas para el bienestar; que llegarán los convencidos, los ciudadanos defensores de la democracia, de las instituciones y de la ley. Partirá del Ángel de la Independencia y llegará al Monumento a la Revolución, no caiga en provocaciones.