Por/factor
Nueva York. – La ciudad de Nueva York demandó a más de una docena de empresas de autobuses chárter por 700 millones de dólares (mmd), acusándolas de transportar ilegalmente a decenas de miles de migrantes desde la frontera sur de Estados Unidos hasta la urbe del noreste del país por órdenes del gobernador de Texas, Greg Abbott. La demanda acusa a 17 empresas de autobuses de participar en un plan de reubicación de “mala fe” que viola las restricciones estatales relacionadas con el abandono de “personas que pasan necesidad” en Nueva York. Exige el pago de daños financieros para cubrir el costo de atender a unos 33 mil migrantes que llegaron a la ciudad a bordo de autobuses chárter desde la primavera de 2022.
La querella, presentada ante un tribunal estatal el jueves, es el intento más reciente por parte de un alcalde demócrata para repeler a los autobuses cargados de migrantes que son enviados por el gobernador texano. El estado envió a más de 95 mil migrantes a las “ciudades santuario”, incluidas Nueva York, Chicago y Denver, en protesta por las políticas migratorias del presidente Joe Biden, señaló Abbott el mes pasado. En medio de un incremento en el número de migrantes que llegan en autobús, la ciudad de Nueva York y Chicago anunció nuevas restricciones en semanas recientes, ordenando que las compañías chárter proporcionen un aviso por adelantado de sus llegadas. En cuestión de días, muchos de los autobuses empezaron a dejar a los migrantes en suburbios de esas ciudades, lo que provocó molestia en los funcionarios locales.
La ciudad ya no cargará por sí sola con los costos de estratagemas políticas imprudentes del estado de Texas (…) La demanda debería servir como una advertencia para todos aquellos que infrinjan la ley de esta forma”. Algunas de las empresas de autobuses parecieron haber sido sorprendidas por la demanda. “Nosotros no hacemos políticas”, dijo David Jones, empleado de Buckeye Coach LLC, una de las empresas chárter demandadas. “Sólo somos una compañía de transporte”. Representantes de las otras compañías chárter —la mayoría de las cuales tienen su sede en Texas— declinaron hacer comentarios o no respondieron a las solicitudes para que los hicieran. Según el gobierno de Adams, la decisión de centrarse en las empresas de autobuses se debe en parte a las protecciones jurídicas concedidas al estado de Texas en virtud de una doctrina conocida como inmunidad soberana.
La demanda se basa en una disposición de la legislación estatal que prohíbe trasladar a sabiendas “a una persona necesitada desde fuera del estado a este estado con el fin de convertirla en una carga pública”. Menciona un informe que halló que, para efectuar los viajes, las empresas chárter reciben mil 650 dólares por persona —una cantidad mucho más elevada que el costo de un boleto estándar unidireccional de autobús— como una muestra de que las compañías actúan “de mala fe” en el plan para trasladar a los migrantes.
