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Destrucción de evidencias y constancias en el Centro de Justicia Federal Laboral, revelan corrupción y tráfico de influencias

Destrucción de evidencias y constancias en el Centro de Justicia Federal Laboral, revelan corrupción y tráfico de influencias

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Héctor Herrera

Factor

Saltillo Coahuila. En un acto que ha suscitado preocupación y críticas, se ha denunciado la destrucción de evidencias y constancias en el centro de Justicia Federal Laboral, lo cual ha afectado gravemente a un trabajador en busca de justicia. Los oficios han sido retenidos y audiencias canceladas en perjuicio del afectado, en un entorno marcado por lo que parece ser corrupción y tráfico de influencias.

La situación se agrava con las presuntas protecciones hacia las demandas presentadas por Cristina Aguirre González y Griselda Silva Aguirre, propietarias de los lotes de autos Silva Automotriz y Automotores Aguirre. Los responsables señalados como prestanombres y testaferros, Jesús Carrillo Rivera y Ramón Peña Saucedo, parecen estar involucrados en este tejido de irregularidades.

El afectado compareció a una audiencia programada el pasado viernes 5 de abril de 2024, solo para encontrarse con la negativa injustificada de llevar a cabo el proceso legal. Documentación proporcionada demuestra la presencia del Actuario en las fechas del 29 de febrero y 1 de abril de 2024, donde se realizaron notificaciones a las partes demandadas en sus domicilios, como parte del expediente laboral pertinente.

El Centro de Justicia Federal Laboral no ha ofrecido razones claras y contundentes sobre la pérdida de estas constancias esenciales para la celebración de la audiencia, aparentemente favoreciendo a los demandados y permitiendo que reincidan en el incumplimiento de un laudo firme emitido desde el 23 de noviembre de 2023.

Mientras tanto, las demandadas continúan evadiendo sus responsabilidades fiscales y enfrentando acusaciones de otros delitos que puedan surgir como resultado de acciones dolosas e ilícitas. Este escenario refleja un desacato flagrante a las obligaciones obrero-patronales, cuyos infractores ya han sido condenados en relación con estas fuentes de trabajo.

El público es llamado a evaluar estos hechos por sí mismo y considerar las implicaciones de lo que parece ser un sistema judicial vulnerable a la manipulación y al abuso de poder.

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