Por/factor
Ecuador. – Tras denunciar que recibió amenazas del Cartel de Sinaloa, Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la república en Ecuador, fue ejecutado por una lluvia de balas la tarde del 10 de agosto, al final de un mitin de campaña en Quito, a diez días de la elección presidencial. El autor directo de la amenaza habría sido Adolfo Macías Villamar, líder del grupo Los Choneros, la organización criminal más poderosa de Ecuador, a la que investigaciones de medios de comunicación locales señalan como brazo operativo del Cartel de Sinaloa (CS) en ese país.
Apenas esta semana, el 31 de agosto, de nuevo Quito fue azotado por el terror. Por la tarde estallaron dos coches bomba en las inmediaciones de oficinas del gobierno, atribuidos al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Una violenta advertencia para los candidatos presidenciales Luisa González y Daniel Noboa, que el 20 de agosto obtuvieron la mayor cantidad de votos y que competirán en la segunda vuelta de los comicios que se llevará a cabo el 15 de octubre. El homicidio de Villavicencio y los actos terroristas de esta semana no son hechos aislados, forman parte de la violencia que azota a Ecuador con desafiante constancia.
Tan solo en los tres últimos años, los homicidios se triplicaron. El 1 de noviembre de 2022 hubo en Guayaquil y Esmeraldas atentados con coches bomba, atribuidos al CJNG. Y en 2021, el presidente Guillermo Lasso tuvo que declarar 60 días de «estado de excepción”, luego del brutal enfrentamiento entre bandas criminales rivales que causó la muerte de más de 119 personas en el Centro de Privación de Libertad de Guayaquil. De acuerdo con un artículo del diario El Espectador, la masacre fue consecuencia de la disputa de Los Choneros con las bandas Tiguerones, Los Lobos y Los Lagartos, vinculadas al CJNG.
¿Qué está pasando? ¿Cuál es el foco del problema? En este análisis expongo algunas reflexiones y datos duros que ayudan a entender la grave situación por la que atraviesa Sudamérica, de la que los carteles mexicanos son responsables. En 2012, tras la publicación de mi libro Los Señores del Narco, fui invitada por la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) a participar como conferencista en el seminario internacional «Periodismo y Narcotráfico”, llevado a cabo en Quito. Eran los tiempos del presidente Rafael Correa, quien entonces negaba de manera contundente que hubiera presencia de carteles de la droga en ese país.
A los colegas periodistas les llamó la atención mi afirmación de que en Ecuador había ya emisarios del Cartel de Sinaloa, y que el país era utilizado como bodega para almacenar cocaína principalmente proveniente de Colombia y Perú, los dos principales productores de dicha droga con quienes Ecuador comparte fronteras. La información que proporcioné en dicho seminario estaba basada en mi investigación sobre el Cartel de Sinaloa y documentos del Departamento de justicia de Estados Unidos.
En Ecuador ya se publicaban noticias sobre decomisos de droga, la detención de un exfuncionario público vinculado al narcotráfico y el desmantelamiento de algunos laboratorios donde se procesaba la cocaína. Pero el gobierno de Correa minimizaba el problema, negando la operación del CS. Hoy la presencia de dicha organización y el CJNG en Ecuador es pública, desafiante y pone en riesgo la democracia con magnicidios y bombazos.
