Por/Factor
Washington. – Washington y Nueva York. Unas tres de cada 10 personas en Estados Unidos son adictas a los opioides, o tienen un familiar que lo es, y menos de la mitad de los adictos logran encontrar tratamiento, algo que en parte explica que el número de muertes por sobredosis de drogas se disparó a 106 mil en 2021, con más de 70 mil de ese total por opioides, principalmente el fentanilo.
¿Son las políticas antinarcóticos del gobierno estadunidense para enfrentar esta crisis las que están contribuyendo al número de muertos y ampliando un mercado ilícito que genera cada vez mayor violencia en Estados Unidos, México y otros países? Esa es la pregunta que hace Ethan Nadelmann, uno de los pioneros en la investigación de políticas antinarcóticos y quien fue estratega de campañas exitosas para despenalizar y legalizar el uso de la mariguana en Estados Unidos con la finalidad de reducir la violencia y la tasa de encarcelación para cientos de miles, particularmente minorías raciales, en este país.
Nadelmann argumenta que ningún otro país tiene una tasa per cápita de sobredosis de fentanilo y otros opioides que remotamente se acerque a la de Estados Unidos. De hecho, una investigación en la publicación médica Annals of Internal Medicine encontró en 2016 que la tasa de muertes por sobredosis de narcóticos era doble a los otros 12 países dentro de la OCDE. En esa investigación, México tenía el número más bajo de muertes por sobredosis de drogas. El hecho es que, hasta ahora, es un fenómeno estadunidense, concluye Nadelmann en referencia a la crisis de sobredosis de opioides, aunque señala que eso está cambiando rápidamente en otros países.
Al prepararse el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para recibir al presidente Andrés Manuel López Obrador y otros líderes mundiales para una cumbre en septiembre enfocada en los fracasos de la llamada guerra contra las drogas, La Jornada entrevistó a Nadelmann. El experto indicó que en Estados Unidos la crisis de opioides sintéticos tiene sus raíces en la práctica impulsada por farmacéuticas para que doctores sobrerrecetaran versiones legales de fentanilo, oxycodone y otros opioides, sobre todo en comunidades pobres, rurales y blancas en el país.
Al estallar la crisis de sobredosis y adicción que resultó, el gobierno federal empezó a presionar a médicos para que limitaran las recetas y la DEA se involucró, mientras gobiernos estatales comenzaron a presentar demandas legales contra algunas de las farmacéuticas que durante años comercializaron estos productos como algo seguro y no adictivo, cuando eran todo lo contrario.
