El impulso de Trump para restringir la ciudadanía automática por derecho de nacimiento forma parte de una estrategia más amplia contra la inmigración y el control de fronteras
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ESTADOS UNIDOS.- Donald Trump llevó este jueves al Tribunal Supremo su esfuerzo por limitar la ciudadanía estadounidense automática por derecho de nacimiento, solicitando a los jueces que revirtieran el bloqueo judicial impuesto a esta medida central de su política inmigratoria. El Departamento de Justicia presentó la solicitud, desafiando las tres medidas cautelares emitidas por tribunales federales en Washington, Massachusetts y Maryland, que impiden la implementación de su decreto.
Firmada el 20 de enero, el primer día de su mandato, la orden de Trump instruía a las agencias federales a negar el reconocimiento de la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos, salvo que al menos uno de sus padres fuera ciudadano estadounidense o residente legal permanente. La orden debía entrar en vigor el 19 de febrero, pero ha sido bloqueada por varios jueces federales.
La medida ha provocado múltiples demandas de fiscales generales de estados gobernados por demócratas, defensores de los derechos de los inmigrantes y mujeres embarazadas. Estos grupos argumentan que la orden viola la 14ª Enmienda de la Constitución, que garantiza que cualquier persona nacida en Estados Unidos es ciudadana.
La cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda establece que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen». Sin embargo, la administración de Trump sostiene que esta enmienda no aplica a inmigrantes en el país de manera ilegal, ni siquiera a aquellos con estatus legal temporal, como los estudiantes universitarios o personas con visas de trabajo.
El Tribunal Supremo, con su mayoría conservadora de 6-3, incluye a tres jueces nombrados por Trump durante su primer mandato. La propuesta de limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento se enmarca dentro de una ofensiva más amplia contra la inmigración, que también ha implicado medidas como el uso del ejército para reforzar la seguridad fronteriza y una drástica restricción al asilo.
