Federico Berrueto
Sólo el presidente López Obrador se atreve a trivializar y tergiversar lo que ocurrió en la gira de la candidata Claudia Sheinbaum en Chiapas, donde un retén de encapuchados la retuvo por algunos minutos. ¿De parte de quién? La crónica de Latinus, único medio que cubrió el evento fue de personas de la comunidad que guardaron sus armas al momento de la retención. El presidente dice que fue montaje del medio y la candidata insinúa algo semejante. La realidad es que Chiapas es un estado sin ley, los encapuchados o los grupos de autodefensa bien pueden pertenecer o estar alineados a algunos de los grupos criminales en pugna. Como quiera, fue sumamente grave, y se equivoca el presidente, la candidata sí estuvo en riesgo.
No asombra que López Obrador insista en imponer su realidad de que en el país se viven condiciones muy satisfactorias en seguridad. Lo dice a pesar de la evidencia, allí están las muy elevadas cifras de homicidios dolosos y de desaparecidos en sus máximos históricos. Son muchos los territorios al margen del control del Estado. Lo ocurrido en Chiapas se repite en numerosas partes del país, incluso en carreteras primarias. Evidencia de que la estrategia de seguridad no ha dado resultado. Pero el presidente tiene otras cifras, replicadas por sus subordinados y aliados políticos.
Se asume que la candidata presidencial tiene un esquema de seguridad que la debiera proteger de cualquier encapuchado y deja al descubierto la vulnerabilidad de todos los candidatos y de la misma población. No son aceptables ni permisibles los retenes que no tengan una expresión institucional y de apego a la ley. La obstrucción de las vías de comunicación es delito, no para el presidente para quien la ley no es la ley y en todo caso el evento es un montaje de sus supuestos enemigos, parte de la competencia electoral.
En El Mante, Tamaulipas asesinaron a un candidato más, ahora del PAN, un alcalde bajo licencia, Noé Ramos, quien buscaba su reelección. La polémica no debe ser si pidió o no protección, sino las condiciones que existen en muchas partes del país para que homicidas puedan actuar en plena luz del día en el marco de las actividades del proselitismo político de candidatos, que adquiere relieve es la inseguridad y esa es la realidad para todos en muchas partes del país, como muestra la macabra cifra de homicidios y desaparecidos.
Por si no fuera poco, Jenaro Villamil, titular del sistema público de radiodifusión del gobierno federal presume una camiseta que invoca el silencio a los críticos de López Obrador con la imagen de la santa muerte. No es una travesura desafortunada, es un poderoso mensaje de intimidación. En el país que tiene cifras de homicidios propios de una guerra civil, uno de los directivos a cargo de la propaganda oficial envía un mensaje intimidante además de misógino “un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador” al hacer uso de un emblema popular asociado al crimen organizado.
La conducta de Villamil es demencial, inaceptable en todo sentido y es muestra del extremo de degradación del lenguaje y los símbolos del poder a la que ha llevado del presidente. Difícil presentarlo como un desliz frívolo, es una exigencia, amenaza de por medio de silencio a la crítica, un acto de inequívoca intimidación.
La elección transita en la ilegalidad por dos consideraciones y a la vista de todos: primero, la persistente interferencia del presidente en el proceso electoral y con él la de su gobierno y la de sus aliados en los gobiernos locales y municipales; segundo, la incursión del crimen organizado. La parcialidad en lo primero y la indolencia en lo segundo hace pensar en un deliberado propósito de restar legitimidad al proceso electoral y particularmente a sus resultados. A pesar de las condiciones aparentemente favorables, López Obrador no opta por la democracia, sino por alterar en sus fundamentos las premisas para el voto libre e informado.
La elección próxima plantea signos muy preocupantes de ilegalidad que impactan la legitimidad, no sólo por su desenlace en caso de favorecer al oficialismo, sino porque todo indica que el diseño presidencial es hacer del 2 de junio no el fin de la competencia por el poder, sino una simple aduana donde la política desborda y se desentiende de las reglas, instituciones y prácticas propias de la democracia, todo ello en detrimento de la credibilidad del resultado de la elección.