Un informe documenta más de 250 mil transferencias bajo el concepto de “apoyos sociales”, no reportadas a la autoridad electoral
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CIUDAD DE MÉXICO.- Una investigación basada en documentos oficiales señala que el partido Morena utilizó la infraestructura de Financiera para el Bienestar (Finabien) para dispersar cientos de miles de pagos bajo el concepto de “apoyos sociales”, en un convenio que estuvo vigente entre 2022 y 2024.
DETALLES DEL CONVENIO
De acuerdo con los documentos revisados, el Comité Ejecutivo Nacional del partido habría contratado a Finabien para realizar hasta 252 mil operaciones de pago a nivel nacional. Sin embargo, una auditoría posterior detectó que solo una parte de estas transacciones se concretó.
El contrato, firmado en junio de 2022, se extendió mediante un acuerdo modificatorio hasta finales de junio de 2024, semanas después del proceso electoral federal.
IRREGULARIDADES DETECTADAS
La auditoría interna identificó inconsistencias en el cobro de comisiones, así como reintegros millonarios derivados de operaciones no realizadas. También se señalaron omisiones en la aplicación de controles relacionados con la prevención de lavado de dinero.
Asimismo, se indicó que el monto total de los apoyos y su origen no fueron detallados en los informes financieros entregados a la autoridad electoral.
FALTA DE REPORTE
Según la investigación, el convenio y las operaciones derivadas del mismo no fueron reportados al Instituto Nacional Electoral (INE), lo que ha generado cuestionamientos sobre el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de fiscalización.
Expertos consultados señalan que la dispersión de “apoyos sociales” no forma parte de las atribuciones de los partidos políticos, lo que podría implicar posibles irregularidades.
CONTEXTO ELECTORAL
El acuerdo se mantuvo vigente durante el proceso electoral de 2024, en el que Morena y sus aliados obtuvieron la mayoría legislativa y la presidencia.
Comparaciones con casos pasados han surgido en el análisis público, particularmente en torno a esquemas de dispersión de recursos en procesos electorales, aunque hasta el momento no se han establecido conclusiones definitivas por parte de las autoridades.
SIN RESPUESTA OFICIAL
Hasta el cierre de la investigación, no se reportó una postura oficial del partido respecto a los señalamientos.
El caso pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la transparencia en el uso de recursos y los mecanismos de fiscalización durante los procesos electorales en México.
