Por/Factor
México. – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició hoy su segundo periodo de sesiones de 2023, con una lista de más de 25 de asuntos relevantes derivados de reformas del actual Gobierno, la mayoría de los cuales probablemente no serán resueltos este año. La ministra presidenta Norma Piña hizo la declaratoria de apertura y, luego que su colega Alberto Pérez Dayán rindió el informe de la Comisión de Receso, levantó la sesión solemne sin discursos adicionales ni previsiones sobre casos que se discutirán en el segundo semestre, como acostumbraba su antecesor Arturo Zaldívar.
Algunos casos relevantes se arrastran desde hace años, llegaron a la Corte entre 2019 y 2021, y, en la mayoría, nunca se ha listado un proyecto de sentencia, lo que indica que los ministros y ministras instructores no lo han presentado.
Estos incluyen las plazas automáticas para maestros normalistas, el traspaso del control de los puertos a la Secretaría de Marina, la extinción masiva de fideicomisos, la reforma a la Ley de Hidrocarburos con amenaza de revocación de permisos a empresas privadas y la ampliación del catálogo de delitos graves.
La lista de casos que llegaron 2022 y principios de 2023 también augura conflictos con el Poder Ejecutivo: la estatización del litio y la omisión de proponer comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). También la orden de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, para que empresas privadas usen gas natural de la CFE y de Pemex, o el aterrizaje de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, por primera vez, ordena a México eliminar la prisión preventiva oficiosa.
Entre junio y julio, además, seis ministros y una ministra admitieron a trámite 17 de las 21 acciones que buscan echar abajo 12 reformas aprobadas en súper fast track por Morena y sus aliados en el Senado, durante el llamado «Viernes Negro» de abril pasado, que cerró el periodo de sesiones en el Congreso. Las cuatro acciones restantes, contra reformas del «Viernes Negro» a las leyes de Aviación Civil y de Aeropuertos, así como en materia de salud para extinguir al Insabi, están pendiente de admisión por parte de la ministra Loretta Ortiz.
La admisión de estas demandas no suspende la vigencia de las leyes, y puede pasar más de un año para que la Corte dicte sentencias. Piña encabeza un Comité en el que participan Pérez Dayán y Luis María Aguilar, que es el que decide si se lista un asunto para sesión y en qué orden. Pero sólo se pueden listar los casos que ya cuentan con proyecto de sentencia, y nadie puede obligar a los ministros y ministras a apurar un proyecto, salvo que se trate de leyes electorales o por un acuerdo de resolución prioritaria, como sucedió con el caso de nombramientos pendientes de comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
Sobre este último, el Pleno desechó el 13 de julio pasado un proyecto de Ortiz que negaba omisión del Senado en los nombramientos, y se prevé que, en breve, Juan Luis González Alcántara presentará uno nuevo, que podría incluir la propuesta de autorizar al INAI a sesionar con solo cuatro comisionados mientras se competa el quórum legal de cinco.
