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México. – Senadores del PRI exhortaron al director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) remitir a la Cámara Alta un informe respecto al arrendamiento de 35 camionetas blindadas mediante adjudicación directa por un monto de 832 millones de pesos. En la Gaceta Parlamentaria se publicó el punto de acuerdo que señala que dicho informe debe detallar el criterio que se utilizó para determinar la necesidad de contratar estas camionetas, así como las especificaciones del contrato, que justifiquen la adjudicación directa en lugar de una licitación pública, lo que garantiza una mejor opción en términos de costo-beneficio.
“Es imperativo que Pemex ofrezca una explicación clara y detallada sobre las razones que han llevado a la empresa a tomar esta decisión, en especial cuando se enfrenta a una crisis financiera considerable. Esta decisión, que se toma en un contexto de una carga de deuda significativa que alcanzó los 1.94 billones de pesos en el primer trimestre de 2023 y que la ha llevado a buscar estrategias de refinanciamiento para su deuda millonaria, nos parece no solo imprudente, sino también contraproducente”, argumentaron.
Asimismo, expusieron que cada peso erogado en gastos no esenciales es un peso menos que se puede destinar a la inversión productiva, a la reducción de la deuda o a iniciativas que verdaderamente beneficien a la ciudadanía y fortalezcan la economía nacional. “Además, es vital recordar que estamos en un momento donde la austeridad no es solo una política gubernamental, sino una necesidad imperante”, indicaron.
Señalaron que la asignación de una suma tan considerable para la renta de vehículos blindados, que serán utilizados para el transporte de directivos, envía un mensaje equivocado a la ciudadanía, que espera ver acciones concretas y decididas para la recuperación económica y la estabilización de las finanzas de Pemex. En el exhorto, agregaron que la renta realizada a través de un contrato de adjudicación directa ha generado una serie de interrogantes que no pueden ser pasadas por alto, pues se trata de una cifra significativa que, de acuerdo con los reportes, parece contravenir los principios de austeridad que han sido promovidos enérgicamente por el gobierno actual.
