Por/factor
Colombia. – Este 3 de agosto de 2023 se inicia un cese al fuego bilateral entre la guerrilla del ELN y el Gobierno colombiano, «inédito” desde la fundación de este grupo armado bajo principios de la doctrina católica e ideas marxistas en 1964. Una guerrilla que tiene su parte de responsabilidad en la muerte de por lo menos 450.664 personas – el 80% civiles – en el conflicto colombiano entre 1985 y 2018, según la Comisión de la Verdad.
«El cese al fuego se pactó inicialmente por 180 días, y el 14 de agosto se abrirá el cuarto ciclo de negociaciones, que regresan a Caracas, después de haber pasado por México y Cuba”, explica a DW Francisco Daza, coordinador de la Línea de Paz Territorial de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES). Este es el sexto intento de que el ELN se acoja a la Constitución colombiana de 1991. Expertos consideran que esta vez «sí es posible” construir un acuerdo con los 2.500 miembros del ELN, que «gobierna” en por lo menos seis áreas rurales del Bajo Cauca y «cogobiernan” en regiones como el Catatumbo y Chocó.
El proceso de paz con las FARC demostró que sin la sociedad civil no hay acuerdo aceptable en Colombia. «De hecho, este 2 de agosto se instala formalmente el Comité Nacional de Participación, del que saldrá una representación de la sociedad civil en la mesa y tendrá una voz fuerte en las negociaciones”, agrega el antropólogo Francisco Daza, egresado de la Universidad Javeriana de Bogotá. Y en cuanto a la Fuerza Pública, según Daza, «tiene una importante participación en el monitoreo y verificación para que se cumpla el cese al fuego, incluida la suspensión de acciones armadas contra el ELN”. Pero, advierte que «eso no quiere decir que se vayan a detener las actividades operacionales contra objetivos económicos de dicha guerrilla”.
Por otra parte, uno de los giros del conflicto es que, en la actualidad, «los enfrentamientos armados no están teniendo lugar entre Ejército y ELN, sino entre esta guerrilla y grupos criminales como el Clan del Golfo, con las afectaciones de la sociedad civil que se derivan de esas confrontaciones”, explica a DW Sebastián Guerra Sánchez, investigador del Instituto de Paz de Estados Unidos (USIP), con sede en Washington. Así, Colombia se vuelve a encontrar ante un reto: pactar el desarme de un grupo que sale de regiones a las que el Estado no llega, por incapacidad o falta de voluntad. Un vacío que luego sí llenan viejas y nuevas mafias en reemplazo del poder estatal.
La apuesta del Gobierno de Gustavo Petro era por ello negociar, en paralelo, el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales como el Clan del Golfo y las disidencias. Un proyecto aún estancado. Por esta razón, Sebastián Guerra, asesor en participación ciudadana y política en la oficina del Alto Comisionado para la Paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos, destaca aquí «la gran importancia de la participación ciudadana”. «Tener en cuenta a los demás actores armados tras un eventual Acuerdo de Paz con el ELN es determinante para la seguridad de los mismos excombatientes como para la sociedad civil”, enfatiza en conversación con DW Angela Liliana Olaya Castro, cofundadora e investigadora de la Fundación Conflict Responses (CORE).
¿Cómo debieran aportar las mujeres, víctimas y victimarias del ELN, a la construcción de un Acuerdo de Paz con este grupo? «Empezando por reconocer su rol en el conflicto y el inmenso impacto que este ha tenido sobre las mujeres”, dice a DW, la politóloga de la Universidad de los Andes, resaltando que «hay que reconocer la violencia basada en género y brindarles a las mujeres las condiciones para su participación en las comunidades azotadas por la violencia”.
