El caos se instaló en la frontera México-Estados Unidos tras la desaparición, en el último minuto de ayer, del llamado Título 42, una restricción sanitaria adoptada en 2020 por el gobierno de Trump, bajo el pretexto de combatir covid-19.
El Título 42 permitió la deportación expedita a México de miles de migrantes de varios países que se habían cruzado ilegalmente al otro lado de la frontera. La desaparición de la restricción sanitaria ha servido como imán para atraer más flujos de migrantes de todo el mundo a nuestra frontera.
Y es que existe la falsa idea de que el abandono del Título 42 relajará los controles fronterizos a partir de hoy. Pero el presidente Biden ha dado muestras de que no será así. Envió a la frontera sur mil 500 soldados para apoyar a la Patrulla Fronteriza y a la Guardia Nacional en su tarea de evitar más cruces ilegales. “Quiero ser claro: nuestras fronteras no están abiertas. Quienes crucen ilegalmente y carezcan de base para permanecer en nuestro territorio serán deportados inmediatamente”, advirtió el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
The New York Times, en su nota principal, informó ayer que “agentes fronterizos” se esfuerzan por mantener el orden mientras EU pone fin a las políticas de la era de la pandemia.
* De este lado no cantan mal las rancheras. El presidente López Obrador prometió a su homólogo estadunidense “ayudar en todo” para que la situación no se salga de control. Esa “ayuda en todo” implica el envío de más elementos de la Guardia Nacional a la fronteras norte y sur del país. No dijo cuántos, pero la Sedena informó, el mes pasado, que alrededor de 25 mil están desplegados en ambas fronteras.
Todos los días vemos escenas con filas y filas de indocumentados y sus familias que arriesgan la vida por el sueño americano. El fenómeno alcanza niveles de crisis y los expertos vaticinan que se pondrá peor. El Washington Post reportaba ayer, en su portal, que los cruces ilegales alcanzaron un promedio de 10 mil personas diarias en la última semana, “un nivel nunca alcanzado”.
En seis meses, la Patrulla Fronteriza detuvo a más de un millón de indocumentados. El vespertino francés Le Monde, calcula que, de ese total, 420 mil fueron expulsados de inmediato hacia México, transformado, de facto, en Tercer País Seguro. A pesar de la tensión que existe en las ciudades fronterizas por la saturación de los albergues y las condiciones infrahumanas en las que viven los migrantes, México ya dio su venia para recibir más deportados. El canciller Marcelo Ebrard habló de mil diarios. Eso significa 30 mil al mes, 60 mil en dos meses y 90 mil en tres meses. ¿Con qué ojos? Es pregunta. Por cierto, que de “país seguro” México no tiene nada. Allí está la tragedia en la estación migratoria en Ciudad Juárez (40 muertos); más 100 migrantes secuestrados en Matehuala, SLP, colombianos masacrados en una carretera de Zacatecas… y contando.
* Clara Torres, directora del Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral de la infancia, describe las condiciones en las que llegaron niños migrantes al albergue temporal que el gobierno panista de Maru Campos habilitó en el Centro Infantil Juntos por los Niños, en Ciudad Juárez, a pesar de no tener presupuesto. “Llegaron muertos de frío, algunos sin calcetines, con hambre, sin bañarse y con ropa de varios días”, nos dijo.
Clara agradeció la ayuda de la Unicef, de distintas ONG, de dos migrantes venezolanos, Nelson y Judith, de Fiesta Park, del Museo del Niño. Dio más nombres, muchos más, de los que ayudan. Por cuestiones de espacio no podemos mencionarlos. Pero ninguno relacionado con el gobierno federal.
“La cereza del pastel fue que se logró que 95% de esos niños ya están en EU con sus familias”, señaló muy oronda.
El gobierno de López Obrador, por cierto, anunció el cierre “temporal” de las 33 estaciones migratorias, que serán revisadas por la CNDH.
* En el pleito que el Presidente trae con el Poder Judicial, la respuesta de ministros y jueces duele más que los insultos que a diario reciben en las mañaneras. Vea usted si no. A la eliminación de la primera parte del plan B electoral siguió ayer la suspensión definitiva que la jueza Celina Angélica Quintero Rico otorgó al Inai para que el Senado elija al comisionado que le falta al instituto para poder sesionar. A eso súmele que, por unanimidad, los magistrados del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa le dieron palo al recurso de queja de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Senado contra la determinación de la citada jueza.
“Ningún poder constituido, en este caso el Senado, tiene facultades para desactivar o inhabilitar, directa o indirectamente, un órgano autónomo nacido desde la propia Constitución, como el Inai”, dijo el magistrado Fernando Silva García. No podría estar más de acuerdo.