Ante la rapidez de los acontecimientos y de medidas que parecen inspiradas en la generosidad o tener buenas intenciones y otras francamente violatorias del orden constitucional federal y local, conviene hacer un ejercicio de reflexi?n para atar los cabos sueltos y atisbar hacia d?nde se dirige el pa?s.
La intentona golpista en la C?mara de Diputados no s?lo fue motivo de verg?enza como se?al? el Ejecutivo federal, sino que tambi?n gener? una honda preocupaci?n porque, en un hecho inaudito, esta representaci?n de la soberan?a popular estuvo cerca de quedarse sin presidente, a unos d?as de recibir el paquete econ?mico 2020.
M?s all? del bochornoso espect?culo y el cinismo de los personajes, y de reconocer el m?rito de los legisladores de oposici?n y sus dirigencias partidistas, hay que advertir la preocupaci?n en el gobierno porque la voracidad de los legisladores de Morena casi provoc? una par?lisis legislativa, lo cual hubiera repercutido en el procesamiento de la agenda del gobierno federal.
Tal parece que el partido en el poder tiene prisa por crear un marco jur?dico a modo para perseguir a sus adversarios. Me refiero a tres reformas: la modificaci?n del art?culo 19 constitucional que ampl?a el cat?logo de delitos graves que merecen prisi?n preventiva oficiosa, es decir, inmediata y sin derecho a fianza; los cambios a la Ley de Extinci?n de Dominio que violan la presunci?n de inocencia quitando sus propiedades a los ciudadanos sin que haya una sentencia firme, como se se?al? recientemente en el Instituto de Investigaciones Jur?dicas de la UNAM; y las reformas que pretenden aprobar para convertir en delito de delincuencia organizada el fraude fiscal.
A primera vista, estas reformas servir?an para combatir la delincuencia organizada, pero en realidad est?n orientadas a ser utilizadas en forma discrecional y arbitraria para amenazar y perseguir a los enemigos pol?ticos. Esto es grave, e igualmente lo es que, a pesar de disponer de instrumentos jur?dicos adicionales, la escalada de violencia sigue al alza.
A nivel estatal, entre otros casos destaca Quintana Roo, donde los diputados de Morena se ampararon en una ley derogada para sustituir a la Junta de Coordinaci?n Pol?tica por lo que anta?o fue la Gran Comisi?n y, de esta forma, imponer su mayor?a en el ?rgano legislativo.
Todo lo anterior marca la consolidaci?n de una tendencia concentradora de poder, con la construcci?n de un marco legal a modo y gusto del Ejecutivo federal que tiene como antecedentes las llamadas?ley Taibo?(que legaliza la designaci?n de un funcionario que no reun?a los requisitos establecidos),?ley Bonilla?(que viola las normas electorales),?ley Garrote?(que endurece las penas y viola los derechos constitucionales) y las iniciativas de revocaci?n de mandato y consulta popular, as? como la reforma del Poder Judicial prevista.
No son hechos aislados ni el Ejecutivo federal puede decirse ajeno, pues de un extremo a otro del territorio nacional el hilo conductor se?ala un solo objetivo: instaurar un r?gimen autocr?tico que concentre el poder, lo cual revela el verdadero esp?ritu de Morena, su prisa y voracidad, as? como el abuso de la confianza ciudadana.
Nada es casual y est? en riesgo la democracia constitucional, sobre todo ante la intenci?n de impulsar la revocaci?n de mandato como el primer paso a la reelecci?n presidencial, as? como la eventualidad de una nueva Constituci?n que conducir?a al verdadero cambio de r?gimen y a la prolongaci?n del gobierno de Morena m?s de un sexenio.