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Ante la rapidez de los acontecimientos y de medidas que parecen inspiradas en la generosidad o tener buenas intenciones y otras francamente violatorias del orden constitucional federal y local, conviene hacer un ejercicio de reflexión para atar los cabos sueltos y atisbar hacia dónde se dirige el país.

La intentona golpista en la Cámara de Diputados no sólo fue motivo de vergüenza como señaló el Ejecutivo federal, sino que también generó una honda preocupación porque, en un hecho inaudito, esta representación de la soberanía popular estuvo cerca de quedarse sin presidente, a unos días de recibir el paquete económico 2020.

Más allá del bochornoso espectáculo y el cinismo de los personajes, y de reconocer el mérito de los legisladores de oposición y sus dirigencias partidistas, hay que advertir la preocupación en el gobierno porque la voracidad de los legisladores de Morena casi provocó una parálisis legislativa, lo cual hubiera repercutido en el procesamiento de la agenda del gobierno federal.

Tal parece que el partido en el poder tiene prisa por crear un marco jurídico a modo para perseguir a sus adversarios. Me refiero a tres reformas: la modificación del artículo 19 constitucional que amplía el catálogo de delitos graves que merecen prisión preventiva oficiosa, es decir, inmediata y sin derecho a fianza; los cambios a la Ley de Extinción de Dominio que violan la presunción de inocencia quitando sus propiedades a los ciudadanos sin que haya una sentencia firme, como se señaló recientemente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; y las reformas que pretenden aprobar para convertir en delito de delincuencia organizada el fraude fiscal.

A primera vista, estas reformas servirían para combatir la delincuencia organizada, pero en realidad están orientadas a ser utilizadas en forma discrecional y arbitraria para amenazar y perseguir a los enemigos políticos. Esto es grave, e igualmente lo es que, a pesar de disponer de instrumentos jurídicos adicionales, la escalada de violencia sigue al alza.

A nivel estatal, entre otros casos destaca Quintana Roo, donde los diputados de Morena se ampararon en una ley derogada para sustituir a la Junta de Coordinación Política por lo que antaño fue la Gran Comisión y, de esta forma, imponer su mayoría en el órgano legislativo.

Todo lo anterior marca la consolidación de una tendencia concentradora de poder, con la construcción de un marco legal a modo y gusto del Ejecutivo federal que tiene como antecedentes las llamadas ley Taibo (que legaliza la designación de un funcionario que no reunía los requisitos establecidos), ley Bonilla (que viola las normas electorales), ley Garrote (que endurece las penas y viola los derechos constitucionales) y las iniciativas de revocación de mandato y consulta popular, así como la reforma del Poder Judicial prevista.

No son hechos aislados ni el Ejecutivo federal puede decirse ajeno, pues de un extremo a otro del territorio nacional el hilo conductor señala un solo objetivo: instaurar un régimen autocrático que concentre el poder, lo cual revela el verdadero espíritu de Morena, su prisa y voracidad, así como el abuso de la confianza ciudadana.

Nada es casual y está en riesgo la democracia constitucional, sobre todo ante la intención de impulsar la revocación de mandato como el primer paso a la reelección presidencial, así como la eventualidad de una nueva Constitución que conduciría al verdadero cambio de régimen y a la prolongación del gobierno de Morena más de un sexenio.

 

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