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México. – La mayoría de la información relevante sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, recopilada por el Ejército antes, durante y después de los sucesos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014, fue “ocultada” por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el expediente sobre ese caso que fue integrado por la Fiscalía General de la República (FGR).
Conocidos por Proceso, diferentes elementos probatorios en poder de la FGR indican que, en mayo de 2022, a raíz de las reiteradas solicitudes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional ordenó a todas las unidades de la Sedena enviarle la “información física” que tuvieran sobre de la desaparición de los 43 normalistas.
Esa información, que el Ejército ha negado a la CoVAJ –en los últimos meses, ya con el aval del presidente Andrés Manuel López Obrador–, fue “concentrada” y “resguardada” en las instalaciones del Centro Militar de Comunicaciones (CMC) del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, ubicado en el Campo Militar 37-C, en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, dijeron a la FGR testigos de esos hechos.
Los testimonios y pruebas documentales en poder de la Fiscalía indican, además, que la Sedena decidió cambiar todas las terminales y equipos de cómputo de los analistas de inteligencia que han procesado información del caso Ayotzinapa, para evitar que integrantes de la CoVAJ encontraran esos datos digitales en caso de que el presidente López Obrador ordenara darles acceso a ellos. Esa información digital se almacenó en los servidores que se encuentran en las instalaciones del Centro Militar de Inteligencia (CMI), expusieron testigos a un fiscal de la FGR, quienes probablemente ahora se encuentran refugiados en otro país.
También denunciaron que el Centro Militar de Comunicaciones (CMC) ocultó información del caso Ayotzinapa obtenida de manera directa por ese organismo, que cuenta con equipos para la intercepción de llamadas de teléfonos satelitales, los cuales usaba el grupo criminal Guerreros Unidos –implicado en la desaparición de los normalistas– en los lugares de la sierra guerrerense donde no llegaba la señal de telefonía celular.
