Por/Factor
Tienen razón los políticos opositores que han calificado como “el robo del siglo” la nueva reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Y es que se trata de una monstruosidad política, jurídica y social, no sólo para convertir al gobierno federal en la versión moderna del “Cártel Inmobiliario”, sino para comprar lealtades políticas y votos, a cambio de una vivienda.
Todo ello manejado como un negocio privado, sin la regulación propia de una empresa del Estado, que estará en manos de “los amigos”, “los hijos” y “los cuartes” de Palacio y que operará a discrecionalidad –sí y sólo sí–, del interés político-electoral. En efecto, lo que aprobaron los lacayos del Congreso es que, con el dinero de los trabajadores, el Infonavit creará una empresa privada –en el corazón de una institución pública–, con la evidente intención de construir viviendas de interés social, pero sin pasar por la regulación pública.
Es decir que, de ahora en adelante, el gobierno federal podrá disponer de los ahorros de los trabajadores de todo el país –calculados en poco más de dos billones de pesos–, para ponerlos al servicio de grupos inmobiliarios privados que, sin invertir un solo peso, construirán casas para los trabajadores, a cambio de lealtad partidista.
Sí, toda una “transa” que, con el dinero de los trabajadores, enriquecerá a los amigos del poder en los gobiernos de Morena –federal, municipales y estatales–, que sin duda colapsará la industria de la construcción; provocará el surgimiento de monopolios en los materiales y afianzará lo que por años criticó la mal llamada izquierda mexicana; el clientelismo electorero.
Pero vamos al esquema de preguntas, para que a todos nos quede más claro el llamado “robo del siglo”. ¿Por qué y para qué meter al corazón del Infonavit a una empresa inmobiliaria privada? ¿Por qué usar el dinero de los trabajadores y no dejar que el capital privado financie, con sus propios recursos, la vivienda de interés social? ¿Por qué no, directamente el Infonavit construye las viviendas bajo las reglas de empresa paraestatal?
La respuesta a las preguntas anteriores es elemental. Porque una empresa privada, regida por la legislación mercantil, no puede ser auditada como empresa del Estado y, por tanto, el director del Infonavit tendrá manos libres para llevar a cabo todo tipo de “transas”, “raterías” y “manejos sucios”.
