Por/Factor
México. – La designación de Luisa María Alcalde como nueva secretaria de Gobernación parece una victoria del Ejército, porque un enemigo declarado que tienen en Bucareli, Alejandro Encinas, había quedado como encargado de despacho a la salida de Adán Augusto López. Sin embargo, no es así. Alcalde entró al relevo por razones políticas y electorales, de la misma forma como el presidente Andrés Manuel López Obrador necesita encontrar culpables suficientemente atractivos para la opinión pública, también por razones político-electorales, y cumplir con su promesa de campaña de resolver el crimen de los normalistas de Ayotzinapa.
El presidente no podía aproximarse a la próxima campaña presidencial y finalizar su sexenio sin resolver el crimen. Tampoco podía permitir que la investigación siguiera cayéndose a pedazos, poniendo en riesgo a Encinas y a los fiscales a quienes les encargó resolver la desaparición de los 43 normalistas, quienes establecieron la verdad alterna, que lejos de esclarecer el crimen, lo enturbiaron y permitieron que criminales confesos recuperaran su libertad.
Teóricamente, si no se daba una acción presidencial de esta envergadura, para ocultar omisiones, ineficiencias o la agenda particular de sus fiscales, deberían ir a la cárcel el próximo sexenio acusados de lo mismo por lo que Jesús Murillo Karam, el exprocurador general de la República, se encuentra en prisión: inventar la verdad histórica de Ayotzinapa, con torturas, desapariciones forzadas y obstrucción de la justicia.
Para ello, López Obrador autorizó lo inaudito: reactivar 17 órdenes de aprehensión contra militares de diferente rango y un civil, que habían sido desechadas por una jueza. La solicitud fue hecha el 13 de junio pasado por Stalin Rodríguez, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad Especial de Investigación del Caso Ayotzinapa de la fiscalía general, a la jueza Segunda de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, que las giró, aunque hasta donde se sabe, no han sido todavía ejecutadas.
La Fiscalía para el Caso Ayotzinapa que encabeza Rosendo Gómez Piedra, un abogado tabasqueño cercano a López Obrador, acusó en esta nueva cargada contra el Ejército a un militar por el delito de delincuencia organizada, y a otros 15 y a un civil por el delito de desaparición forzada. Los militares pertenecían el 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los normalistas en Iguala, a los batallones 27 y 41 de Infantería en Guerrero. Estas imputaciones, sin embargo, no parecen diferentes a las que hizo su antecesor, Omar Gómez Trejo, que en agosto del año pasado solicitó a la fiscalía general 83 órdenes de aprehensión, entre los cuales se encontraban 16 mandos militares y tropa.
Gómez Trejo renunció de manera abrupta a la Fiscalía porque el 13 de septiembre del año pasado, mientras se encontraba en un viaje de trabajo en Israel, la fiscalía general solicitó la cancelación de las órdenes de aprehensión. Gómez Trejo filtró a la prensa la cancelación, lo que pareció un carpetazo por parte del gobierno para encubrir al Ejército, pero omitió la resolución de Adriana Campos López, fiscal Especializada de Asuntos Internos, que encontró grandes anomalías y deficiencias en el trabajo del entonces investigador en jefe del Caso Ayotzinapa.
