Federico Berrueto
La polarización promovida desde el gobierno entraña intolerancia. El rechazo al otro es el signo de nuestros tiempos. Preocupa más cuando viene desde el poder y de quien se supone es el presidente de todos los mexicanos. Una y otra vez recurre al insulto, a la calumnia y a la mentira para descalificar a los de la acera de enfrente.
Los de enfrente no son los criminales que han ensangrentado al país ni aquellos que atentan contra los derechos de las familias o de la paz social. No, a quienes el presidente degrada son a quienes disienten de él y de su gobierno. Los periodistas o intelectuales independientes, los padres de niños con cáncer que exigen respuesta, las mujeres que reclaman el ultraje del régimen patriarcal, las víctimas de la violencia generalizada, las madres buscadoras y muchos otros, por no decir los adversarios políticos y los aspirantes que compiten por el voto en un partido diferente a la coalición del régimen.
La intolerancia es la firma de la casa y también se dirige a los titulares de los órganos constitucionales autónomos, a las universidades, a los académicos, a las entidades internacionales como la OEA, ONU, OMS, la UE o los organismos de observación para el respeto de los derechos humanos. Todo un caso que el presidente se arrogue el derecho de violar la ley, en reprimenda a la periodista que envió un cuestionario en el que pide respuesta a un reportaje sobre la investigación de un supuesto financiamiento ilegal de su campaña por el crimen organizado. Pasquín inmundo son sus palabras recurrentes para medios de comunicación escritos nacionales e internacionales de acreditado prestigio.
En esta línea de intolerancia no sorprende que Morena solicitara al INE remover de la conducción del primer debate de candidatos presidenciales a Manuel López San Martín, por expresiones en el marco de su labor profesional respecto a Hugo López Gatell. La gestión de la pandemia por el gobierno federal fue desastrosa, un acto criminal sobre el que debiera haber consecuencias legales. El futuro del exfuncionario rehabilitado por el presidente debe ser la cárcel. Su negligencia fue criminal y con una elevada cuota de muerte. México en los primeros lugares de fatalidades, con el mayor número de decesos de personal médico. Las muertes asociadas a la pandemia suman más de setecientas mil. No acaban las malas cuentas del responsable de la salud pública; está el desabasto de medicinas, el fracaso del INSABI y el que 50 millones de mexicanos sin acceso a los servicios públicos de salud.
Bien es conocido que las mayores debilidades del oficialismo son la corrupción, la inseguridad y el desastre en salud. Sólo el presidente López Obrador está con López Gatell, que no es poco por lo que es y representa, pero en elecciones es indeseable; por ello, tal como consigna la opinión de López San Martín, fue infructuoso su intento de ganar impunidad con un cargo de elección popular. No hay asiento para el Doctor Muerte, como suelen decirle sus malquerientes.
Inaudita la defensa de Morena de López Gatell al solicitar la remoción del periodista de su tarea de moderación del debate, encomienda concedida con el voto unánime de los integrantes del Consejo. Hace bien López San Martín en mantenerse en lo dicho, le asiste la razón y porque eso reivindica el derecho a la libre expresión, supuesto necesario para el ejercicio del oficio; en la perspectiva a cambio de eso nada vale más.
Lo acontecido es una buena oportunidad para medir en los hechos la realidad de las intenciones y las palabras. El obradorismo queda exhibida en su doble lenguaje y la intolerancia es la medida de su autenticidad libertaria. Prohibido prohibir no solo es consiga hueca, a partir de los hechos es insulto.
El Consejo General del INE deberá rechazar por infundado esta exigencia de Morena de remover de la moderación del primer debate a López San Martín, cuyo profesionalismo avala que su desempeño será imparcial y a la altura de la expectativa del órgano electoral. Por lo pronto, en lo personal ya triunfó y adquiere con justa razón, por su claridad ante la impugnación de la que es objeto, el relieve como un destacado profesional de la libertad de expresión.