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Instan a alguacil de Florida a cesar arresto de indocumentados

Instan a alguacil de Florida a cesar arresto de indocumentados

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Miami, 4 Dic (Notimex).- Varios grupos de derechos civiles de Florida urgieron hoy a la Oficina del Alguacil del Condado de Monroe a cesar la práctica “inconstitucional” de detener a inmigrantes indocumentados para una posible deportación, o de lo contrario presentarán demandas.

La Unión Estadunidense de Libertades Civiles de la Florida (ACLU-FL), el Southern Poverty Law Center (SPLC) y LatinoJustice acusaron en una carta al alguacil Rick Ramsay de retener inmigrantes bajo la presunción de que son indocumentados, con base en un formulario declarado inconstitucional por tribunales federales.

“Esta práctica no sólo implica preocupaciones constitucionales serias y expone al condado a demandas judiciales, sino que también perjudica a la comunidad local”, dijo Amien Kacou, abogado de la ACLU de Florida.

“Mientras el condado de Monroe continúa recuperándose del huracán Irma, debería centrar sus esfuerzos en mantener la seguridad y la cohesión de estas comunidades, y no en ayudar a la separación de las familias y la deportación de los miembros de la comunidad”, agregó.

Los grupos afirmaron que está demostrado que la versión del formulario de detención que se utiliza en Monroe viola la prohibición de la Cuarta Enmienda sobre búsqueda y captura ilegal.

“Simplemente, investigar el estado migratorio de una persona no proporciona una causa probable para retener a alguien, exponiendo al condado a responsabilidad legal”, indicó la carta.

Los grupos ejemplificaron casos de demandas como las que ha enfrentado el Condado de Clackamas, en el estado de Oregón, considerado responsable de detener a una mujer durante 19 horas bajo una orden de detención de inmigración, por lo que tuvo que pagar 97 mil dólares.

Otro caso corresponde al condado de Lehigh, en Pensilvania , el cual debe pagar 95 mil dólares por retener indebidamente a un ciudadano de Estados Unidos.

El gobierno del presidente Donald Trump ha amenazado con quitar fondos federales a los condados que no apliquen su nueva política migratoria contra las llamadas “ciudades santuario” , que se niegan a colaborar con las autoridades federales para deportar a indocumentados e inmigrantes que han cometido algún crimen.

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