Miami, 4 Dic (Notimex).- Varios grupos de derechos civiles de Florida urgieron hoy a la Oficina del Alguacil del Condado de Monroe a cesar la pr?ctica ?inconstitucional? de detener a inmigrantes indocumentados para una posible deportaci?n, o de lo contrario presentar?n demandas.
La Uni?n Estadunidense de Libertades Civiles de la Florida (ACLU-FL), el Southern Poverty Law Center (SPLC) y LatinoJustice acusaron en una carta al alguacil Rick Ramsay de retener inmigrantes bajo la presunci?n de que son indocumentados, con base en un formulario declarado inconstitucional por tribunales federales.
«Esta pr?ctica no s?lo implica preocupaciones constitucionales serias y expone al condado a demandas judiciales, sino que tambi?n perjudica a la comunidad local», dijo Amien Kacou, abogado de la ACLU de Florida.
«Mientras el condado de Monroe contin?a recuper?ndose del hurac?n Irma, deber?a centrar sus esfuerzos en mantener la seguridad y la cohesi?n de estas comunidades, y no en ayudar a la separaci?n de las familias y la deportaci?n de los miembros de la comunidad», agreg?.
Los grupos afirmaron que est? demostrado que la versi?n del formulario de detenci?n que se utiliza en Monroe viola la prohibici?n de la Cuarta Enmienda sobre b?squeda y captura ilegal.
?Simplemente, investigar el estado migratorio de una persona no proporciona una causa probable para retener a alguien, exponiendo al condado a responsabilidad legal», indic? la carta.
Los grupos ejemplificaron casos de demandas como las que ha enfrentado el Condado de Clackamas, en el estado de Oreg?n, considerado responsable de detener a una mujer durante 19 horas bajo una orden de detenci?n de inmigraci?n, por lo que tuvo que pagar 97 mil d?lares.
Otro caso corresponde al condado de Lehigh, en Pensilvania , el cual debe pagar 95 mil d?lares por retener indebidamente a un ciudadano de Estados Unidos.
El gobierno del presidente Donald Trump ha amenazado con quitar fondos federales a los condados que no apliquen su nueva pol?tica migratoria contra las llamadas ?ciudades santuario? , que se niegan a colaborar con las autoridades federales para deportar a indocumentados e inmigrantes que han cometido alg?n crimen.
