Por/Factor
Ciudad de México. – El Instituto Nacional de Antropología e Historia busca que dos mujeres que permanecían como víctimas en el edificio de la CNDH tomado en septiembre de 2020 como reclamo de justicia para los casos de feminicidio y violencia de género en el país, paguen los daños ocasionados al inmueble. Se trata de Erika Izbeth Martínez Romero y su hija, quienes afirman que son víctimas de violencia de género y fueron citadas por la FGR en la colonia Doctores, para negociar un acuerdo reparatorio, pero sólo asistieron sus representantes legales quienes explicaron a Proceso que fue una reunión preliminar sobre este mecanismo alterno de solución de conflicto en el que el INAH exige el pago de la reparación del daño.
Con este acuerdo reparatorio, la causa penal iniciada contra Erika y su hija por los daños al edificio de la CNDH, que durante dos años se autodenominó Okupa Cuba u Ocupa, Casa de Refugio Ni Una Menos, podrá concluir sin que ellas tengan que ir a la cárcel. Fuentes federales confirmaron que es posible que el cálculo de los daños llegue a los 600 mil pesos. El edificio fue sede de la CNDH hasta el 4 de septiembre de 2020 cuando fue tomado por familiares víctimas y grupos de feministas y permaneció así hasta el 15 de abril de 2022 cuando fue desalojado por elementos policiales de la Ciudad de México.
La CNDH y el INAH interpusieron denuncias en su contra por los daños patrimoniales que se llevaron a cabo durante la ocupación del edificio, sin embargo, la Comisión desistió en los cargos, mientras que el INAH no, ya que igual se nombró como víctima por los daños a los monumentos históricos del edificio. Verónica Garzón, abogada de Érika Martínez, comentó en entrevista a Proceso que el INAH pretende reconstruir el patrimonio dañado por la toma del edificio.
Lo que quieren es la reparación del daño y se reconstruya el patrimonio dañado, lo cual vamos a tener que seguirnos sentarnos con ellos para llegar a un acuerdo”, explicó. Añadió la sesión de hoy fue preliminar y que la siguiente semana se van a discutir las propuestas de ambas partes, pero adelantó que buscarán que sus representadas no paguen la reparación del daño como plantea el INAH, debido a que ellas tienen el carácter de víctimas. Erika denunció que su hija fue abusada sexualmente por Miguel Ángel N, hermano de la que era su pareja sentimental. En 2019, 2 años después, un juez lo vinculó a proceso, pero decidió que llevaría su proceso en libertad.
Por ello, en el año 2020 Erika llegó junto con su hija a la antigua Casa de Refugio, donde permanecieron hasta 2022, cuando fueron desalojadas.
