Por/Factor
Guatemala. – Denuncias, solicitudes de retiro de inmunidad y amparos contra la fiscalía y el juez que ordenó el allanamiento de dos sedes del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala son el último capítulo de la arremetida contra el ente que declaró ganador de la elección presidencial al progresista Bernardo Arévalo.
Mientras el miércoles la fiscalía continuaba el allanamiento en el Centro de Operaciones Electorales —donde se resguardan los millones de votos emitidos por los ciudadanos de todo el país— la organización Acción Ciudadana, el capítulo de Transparencia Internacional para Guatemala, pidió un amparo contra la fiscal general Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana. El magistrado fue quien, a petición de la fiscalía, ordenó los operativos que incluyeron la apertura de las cajas electorales que contienen los votos, algo que por ley sólo pueden hacer el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las Juntas Receptoras de votos.
El recurso se sumó a tres denuncias presentadas por el presidente electo Arévalo contra los mismos funcionarios y contra los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, a cargo de las investigaciones, así como la solicitud de retiro de inmunidad de Porras y Orellana para ser investigados por los delitos de violaciones a la constitución, abuso de autoridad con fines electorales y prevaricato.
El TSE también presentó la noche del martes un amparo en la Corte de Constitucionalidad pidiéndole que frene las acciones de la fiscalía alegando que la ley no permite que otros entes tengan acceso a las cajas que contienen los votos. Los magistrados del TSE denunciaron la víspera que con las acciones de la fiscalía perdieron la cadena de custodia de los votos, por lo que no pueden dar fe de qué hay en dichas cajas.
La víspera Arévalo suspendió temporalmente su participación en las discusiones sobre la transición de gobierno y dijo que las retomará cuando estén dadas las condiciones. “Los golpistas deben renunciar”, sentenció el presidente electo sobre los funcionarios denunciados, señalándolos de que a través de las acciones judiciales buscan un “golpe de Estado” y evitar que tome la posesión del cargo prevista para el 14 de enero de 2024.
