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Nayarit. – Cientos de trabajadores sindicalizados procedentes del estado de Nayarit se manifestaron frente a Palacio Nacional para solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga ante las “arbitrariedades y atropellos sistemáticos” a sus derechos laborales por parte del gobernador Miguel Ángel Navarro, a quien acusan de un presunto desfalco de 2 mil 500 millones de pesos destinados a las pensiones de 5 mil burócratas.
Agrupados en el Frente Sindical Nayarita (FSN), integrado por 18 sindicatos de esa entidad, trabajadores del sector salud, maestros y empleados del gobierno de ese estado señalaron que el gobernador morenista recién promulgó reformas “que nos han puesto en estado de indefensión” con la aplicación de una Ley estatal de pensiones, que implica –indicaron– el traslado de todos los trabajadores estatales de la modalidad solidaria a cuentas individuales, lo cual contraviene al Ejecutivo federal que busca garantizar pensiones dignas.
Óscar Flavio Cedano, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Nayarit (SUTSEM), señaló que esta situación ocurrió luego de que denunciaran ante la Fiscalía General del Estado el presunto desfalco de 2 mil 500 millones de pesos que son producto de las retenciones de aportaciones al fondo de pensiones de los trabajadores, “es con lo que se pagarían las jubilaciones pero según ellos desapareció ese dinero”.
En entrevista, acusó que pese a solicitar una auditoría forense, la fiscalía estatal está retrasando las investigaciones, por lo que mañana tendrán una audiencia ante un juez de control para solicitarle “que impulse esa denuncia”. Ellos dicen, abundó, que desde el 2015 el dinero no existe. “Tampoco muestran las denuncias penales, por lo tanto nosotros denunciamos al mandatario estatal para que esclarezca dónde está ese recurso; quién se robó, desvió o hizo otra cosa con el (dinero) o si hubo omisión o colusión de servidores públicos”.
En el mitin, Guillermina García Rodríguez, secretaria general de la sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación indicó que el gobernador Miguel Ángel Navarro “nos ha metido en una ley que no nos corresponde”, ya que, dijo, pertenecen al apartado B (sector público) del 123 artículo constitucional.
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