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México. – Las designaciones pendientes de concretar por el Senado de la República se incrementaron en diciembre y ya se contabilizan 43 sólo en materia electoral, más 71 en materia administrativa y una decena más en diversos organismos judiciales o autónomos. Desde octubre de 2021, prácticamente el inicio de la 65 Legislatura y durante la 66, el Senado ha postergado la toma de decisiones para completar a diversas instituciones. En los hechos, sólo ha aprobado dar trámite a los cargos que son prioridades presidenciales sobre todo al designar cargos diplomáticos y algunos de estos han recaído en expriístas recompensados como embajadores y cónsules.
En contraste, se mantienen incompletos al menos cuatro organismos autónomos que requieren 10 nombramientos. Esto ocurre por omisión o incluso por “recomendación” del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el pasado 14 de abril admitió que su postura es mantener inoperantes algunas instancias que hacen contrapeso al Ejecutivo, como la de transparencia, con el argumento de que “da igual que exista o no exista el INAI, sería mejor que no existiera”, dijo ese día. En ese caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), este tiene tres vacantes, dos desde abril de 2022 y la tercera desde ese mismo mes pero de 2023. El Senado ha sometido a votación los nombres para designar dos de esas vacantes –una está detenida en lo que se resuelve un amparo- pero dos personas que habían sido nombradas fueron vetadas por el presidente. Después de eso, los senadores han impedido intencionalmente que se concreten esas designaciones, pese a órdenes de jueces e incluso del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Otro caso es el del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que desde febrero de 2020 sesiona sin tres de sus siete comisionados integrantes –entre ellos el comisionado presidente–, aunque ello se debe a la omisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en mandar sus propuestas al Senado; la designación está pendiente de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde se promovió una controversia constitucional que obligue al envío de propuestas presidenciales. Contrario a esos dos casos, para la Comisión Federal de Competencia (Cofece) sí se lograron dos nombramientos –el 3 de febrero de 2020–, tras sesionar más de un año de forma incompleta; la decisión se tomó por orden de la SCJN, misma que, al resolver una controversia, ordenó al Ejecutivo remitir al Senado a dos propuestas de comisionados. El argumento presidencial para no presentar propuestas de comisionados del IFT ante el Senado –al igual que lo arguyó en el caso de Cofece- fue que las ternas propuestas por el Comité de Evaluación encargado de la valoración de los aspirantes carecían de validez.
