“Pasta de Conchos representa sin duda la lucha incansable de las familias por encontrar justicia y paz. La tragedia plantea también un especial reconocimiento a las personas defensoras de derechos humanos que han acompañado a las víctimas en instancias nacionales e internacionales para reparar las violaciones a los derechos humanos que se dieron en esta lamentable explosión de los túneles en la mina”
Miguel Ángel Riquelme Solís
Gobernador de Coahuila
CNDH
CIUDAD DE MÉXICO.- El día 19 de febrero de 2006, la mina 8, Unidad Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas, en el estado de Coahuila, sufrió una terrible explosión por una acumulación de gas metano que vio aumentados sus efectos debido a las condiciones deplorables de seguridad de la mina. La explosión en la mina, propiedad de la empresa Grupo México, del empresario German Larrea, el segundo hombre más rico de México, dejó con quemaduras de primer y segundo grado a 11 trabajadores que lograron salir; mientras que 65 mineros murieron. Es importante resaltar que el lugar ya había tenido reportes de fallas de seguridad desde el año 2000. En la última inspección, realizada el 12 de julio de 2004, se asentaron 43 violaciones directas a la norma de seguridad e higiene y se ordenaron 48 medidas y muchas de ellas de extrema urgencia. Sin embargo, las autoridades omitieron supervisar que se subsanaran las fallas anteriormente detectadas.[1]
Después del suceso, las labores de rescate quedaron en manos del Grupo México, que anunció que mantendría labores para la recuperación de cuerpos, al asegurar que en el interior no había posibilidades de vida ya que las temperaturas del estallido superaron inclusive las de un horno crematorio. atrapados; sin embargo, el 4 de abril del 2007, después de rescatar únicamente dos cuerpos, identificados como Felipe de Jesús Torres Reyna y Manuel Peña Saucedo, en una decisión sin precedentes en el resto del mundo, la poderosa minera decidió suspender el rescate argumentando que se ponía en riesgo a los rescatistas, la empresa determinó en un análisis, que entre el 25 y el 75 por ciento de la mina estaría inundada y que existía contaminación biológica y por esa razón justifico, que los trabajos de rescate fueran suspendidos[2]. El hallazgo de los dos cuerpos en la autopsia reveló que murieron por asfixia y no calcinados, lo cual marcó el punto de suspensión bajo el análisis pseudocientífico que el gobierno de Felipe Calderón dio por bueno, suspendiendo asi, con aval gubernamental la búsqueda de cuerpos, pero también la posibilidad de un peritaje que deslindara responsabilidades.
Sin embargo, las familias y organizaciones acompañantes señalaron que la verdadera razón de esta suspensión sería que, de ser rescatados los cuerpos, se evidenciarían las pésimas condiciones de trabajo en la mina y esto acarrearía sanciones penales, económicas e incluso el retiro de las concesiones de la empresa del Grupo México. Por esta razón, durante quince años, las familias de los mineros no han cesado en su demanda: el rescate de los restos de los trabajadores y de que se investigue la causa de la explosión y se finquen responsabilidades por lo sucedido.[3]
Respecto a esta situación la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 26/2006 dentro de la que determinó que: “los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social toleraron que la referida empresa funcionara en condiciones que no garantizaban íntegramente la salud y la vida de los trabajadores”. Asimismo se acredito la violación a los Derechos Humanos de :[4]
Legalidad;
Seguridad jurídica;
Respeto a la integridad física; y
Vida
Desde la tragedia en 2006, las familias han luchado contra todo, exigiendo el rescate de sus familiares y el esclarecimiento de lo sucedido. Ante la insensibilidad de la empresa que por años negó la posibilidad del rescate y nunca se ha responsabilizado del accidente y ante la indiferencia e irresponsabilidad de las autoridades anteriores, no se permitió durante 12 años desde el siniestro y con expedientes a los que se les dio carpetazo tanto en el gobierno de Calderón como en el de Enrique Peña Nieto, que las familias recuperaran los restos de sus padres, esposos, hermanos, hijos, que todavía están atrapados, ni tampoco cerrar sus procesos de duelo. Ante el desgaste de las familias y la nula respuesta del sistema de justicia mexicano, en 2010 las familias acompañadas por el Centro Prodh, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y la Organización Familia Pasta de Conchos, se vieron obligados a acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un el litigio internacional -que aglutina a aproximadamente mil familiares de 58 de los 65 mineros que perdieron la vida- para que emitiera conclusiones y en su caso recomendaciones al Estado en materia de justicia, reparaciones y no repetición, invocando los derechos por la vida, la integridad, garantías judiciales, protección judicial.[5]
Las familias consiguieron que el caso fuera admitido en la CIDH, a pesar del activismo del Estado mexicano para evitar que se abriera el expediente en el Sistema Interamericano por diferentes violaciones a derechos humanos. Tras analizar las pruebas tanto del Estado mexicano como de las familias, el 24 febrero de 2018 la CIDH, con el informe de admisibilidad No.12/18 Petición 178-10[6] dio la razón a los familiares; señaló que no se han determinado las causas de la explosión, la presunta responsabilidad de servidores públicos, ni se han recuperado los cuerpos de los trabajadores mineros, además de que, al tratarse de un delito perseguible de oficio, es el Estado quien tiene el deber de impulsar el proceso [7]
En febrero de 2019, el gobierno federal encabezado por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, anuncio su intención de allanarse en un procedimiento internacional de derechos humanos, indico estar dispuesto a dejar de litigar en la CIDH, para liberar procesos, no litigar en hechos que obstruyan la procuración de justicia.[8]
En octubre de 2020, el presidente López Obrador, al acudir por primera vez a las instalaciones de la mina Pasta de Conchos, firmo el Acta Compromiso para el Rescate Integral, con el objetivo principal de excavar para rescatar los cuerpos de los mineros enterrados, lo cual, de acuerdo a la presentación técnica de la Comisión Federal de electricidad, (CFE) instancia que dirigirá las obras del rescate, éste, puede durar entre 4 y 8 años. Los trabajos empezarán en septiembre de 2021, y se planea iniciar la búsqueda directa en el primer trimestre de 2022, para concluir en agosto de 2024 con el rescate de los 63 cuerpos de mineros que quedaron sepultados tras la explosión en 2006 en la mina de carbón Pasta de Conchos, de Grupo Industrial Minera México, en Coahuila. El mandatario externo su preocupación por el tiempo que llevará concretar el rescate, pues considero que no era conveniente dejar ninguna obra para la siguiente administración. Por lo que “Había esta posibilidad, con riesgo. Y también con un costo considerable” y aseguró que se va a llevar a cabo el rescate con la CFE y sus técnicos, y van a disponer del presupuesto necesario sin límite, para lograr el rescate de los cuerpos.
Además del rescate de los cuerpos, la reparación integral a la que se comprometió el gobierno mexicano, incluirá recursos para indemnizaciones a familiares, mantener la mina como un memorial en recuerdo a los que han perdido la vida en las minas, el mejoramiento de la localidad Nueva Rosita y el municipio de San Juan de Sabinas con obras a cargo de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) . [9]
Por su parte la poderosa empresa minera ni siquiera ha intentado participar en los gastos. [10]
Los familiares exigen el derecho a la verdad y a la justicia, y por ser violación a los derechos humanos, el gobierno debe responder a la demanda de reparación del daño y garantía de no repetición.
