Héctor Herrera
Factor
Ciudad Acuña, Coahuila. Más de 400 familias en Ciudad Acuña se encuentran en riesgo de perder sus viviendas debido a un proceso judicial que, según denuncian, fue llevado a cabo de manera ilegal, señaló Evaristo Lenin Pérez Rivera, líder estatal del Partido Unidad Democrática de Coahuila. El hecho fue presentado ante el Congreso del Estado, donde Pérez Rivera solicitó la intervención del Poder Legislativo para que se investigue al juzgado que admitió los juicios que buscan despojar a cientos de familias de su patrimonio.
El proceso, explicó Pérez Rivera, comenzó en el fraccionamiento Santa Teresa, afectando inicialmente a más de cien familias. Sin embargo, a través de las redes sociales se ha informado que la cifra de afectados podría superar las 400 personas, exclusivamente en Ciudad Acuña. Además, el líder estatal advirtió que este fenómeno podría expandirse a otras zonas de Coahuila, afectando a muchas más familias en el Estado.
Los afectados, según detalló Pérez Rivera, son personas mayores de 70 años que han vivido en esas casas por más de 30 años. Las viviendas fueron adquiridas a través de instituciones financieras como Mi Casita y otras que ya han desaparecido. Esta situación fue aprovechada por despachos jurídicos que, mediante artimañas legales, promovieron juicios para desalojar a las familias de sus hogares, sin que los afectados tuvieran conocimiento del proceso legal.
Uno de los aspectos más graves, añadió el líder del Partido Unidad Democrática de Coahuila, es que el juicio no fue realizado en Ciudad Acuña, sino en un juzgado ubicado en Saltillo. Los acreditados nunca fueron informados adecuadamente sobre los juicios, recibiendo únicamente una notificación de un actuario que les indicaba el desalojo de sus viviendas. Esto ha generado una gran preocupación entre las familias afectadas, quienes se sienten desprotegidas y víctimas de un proceso irregular.
Otro de los hechos denunciados por Pérez Rivera es que el despacho jurídico que promovió los juicios no solo logró despojar a las familias de sus propiedades, sino que además compró las viviendas en una subasta por tan solo 20 mil pesos. Posteriormente, estas viviendas fueron rehabilitadas y revendidas por más de 700 mil pesos, lo que evidencia una grave maniobra de corrupción y especulación.
Pérez Rivera destacó que muchas de las familias afectadas ya han pagado más del 75 por ciento de su crédito hipotecario, lo que hace aún más injusto el despojo. “Es una clara muestra de la corrupción entre ciertos elementos del Poder Judicial y los despachos jurídicos que se benefician a costa de los derechos de los ciudadanos”, indicó el líder del partido.
Durante la sesión de la Diputación Permanente, la diputada Zulmma Verenice Guerrero Cazares también intervino y solicitó la participación del Consejo de la Judicatura y el Instituto Estatal de Defensoría Pública. “Estos órganos deben garantizar el pleno acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos de las personas afectadas”, señaló la legisladora, quien pidió que se revisen las irregularidades del caso y se garantice una adecuada defensa y el respeto a los derechos de los afectados.
