-Tarjetas de crédito en lugar de dinero en efectivo, trabajar por 80 céntimos la hora: no son pocos los políticos que de ese modo quieren hacer de Alemania un país menos atractivo para los solicitantes de asilo.
Por/Factor
Alemania. – A veces los procesos burocráticos en Alemania sí son rápidos. En cuanto el canciller alemán y los jefes de gobierno de los 16 estados federados acordaron la tarjeta de débito para solicitantes de asilo, el pasado noviembre, la primera autoridad local ya la estaba introduciendo. Fue un distrito del estado de Turingia, en el este de Alemania, el que, al emitir la tarjeta, también introdujo una serie de restricciones. La tarjeta «Mastercard» de prepago sólo puede utilizarse para hacer compras a nivel local. No se puede retirar efectivo ni hacer transferencias dentro o fuera de Alemania. Otras ciudades y municipios también han introducido la tarjeta de pago, que se prevé que esté disponible en todo el país a finales de 2024.
Turingia también es pionera en otra medida de la política de asilo que está siendo noticia en toda Alemania: un administrador de distrito -que es algo así como un alcalde- ha introducido el trabajo obligatorio para los solicitantes de asilo alojados en viviendas colectivas en su ciudad. Deben mantener limpios sus alojamientos y los terrenos que los rodean. Si se niegan a realizar el trabajo de limpieza, se les recortarán las prestaciones en hasta 180 euros al mes. En principio, el trabajo obligatorio no es nada nuevo. Existe una normativa legal al respecto desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no aplica a un trabajo regular con su correspondiente remuneración. En términos puramente legales, los solicitantes de asilo no pueden trabajar en absoluto durante los tres primeros meses. Después, hay regulaciones escalonadas dependiendo de si los refugiados viven en alojamientos colectivos o tienen hijos menores de edad, por ejemplo. Por regla general, el permiso de trabajo no se expide hasta pasados seis meses.
Sin embargo, lo que siempre es legalmente posible para los solicitantes de asilo, y también se aplica a aquellos cuya solicitud de asilo ha sido rechazada y que tendrían que abandonar el país, es que se los puede obligar a hacer hasta cuatro horas de servicio comunitario al día por una compensación de 80 céntimos por hora. Según Christian Herrgott, concejal de distrito del partido conservador Unión Demócrata Cristiana (CDU), esta normativa, que muy pocas autoridades locales han utilizado hasta la fecha, tiene varias ventajas. La obligación de trabajar ofrece una tarea, sobre todo a quienes aún no pueden trabajar regularmente, y también garantiza que la gente tenga «una estructura diaria». Al dejar de contratar a una empresa de limpieza, también crea más aceptación entre la población, que, con los impuestos, está financiando las ayudas a solicitantes de asilo.
