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México. – Seis entidades cuentan Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) con severos problemas financieros debido a recortes presupuestales o falta de ministraciones por parte de sus gobiernos locales. En esta situación están Campeche, Colima, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas. En el caso de Campeche, el Instituto local está obligado a pagar 1.2 millones de pesos al PAN y el PRD por financiamiento público no entregado, lo que se suma a que en agosto y septiembre el instituto no entregó el financiamiento a todos los partidos, ya que todo el saldo de cuentas bancarias del instituto está embargado por el IMSS por el pago pendiente de cuotas obrero-patronales.
Este instituto ha solicitado tres ocasiones una ampliación presupuestal por 15.1 millones de pesos, que no le han sido otorgados, y para 2024 tendrá que recortar 9 millones de entrada a su presupuesto, por reformas electorales realizadas en el Estado. En tanto, en Colima, el Instituto local sufrió un recorte a su solicitud de presupuesto de 70%, además de que el congreso local ordenó una reducción de salarios para consejerías y altos mandos que está en litigio actualmente.
Además, del 30% de presupuesto que, si le aprobaron, el gobierno del Estado aún no les ha entregado 2.6 millones de pesos para su funcionamiento. Este OPLE reporta no tener recursos para el inicio, este último trimestre del año, del año electoral 2024. En Guerrero, el gobierno le debe al instituto local más de 20 millones de pesos, y le ha negado una ampliación presupuestal por 72 millones que necesita para cumplir con sus obligaciones con los partidos políticos y con el inicio del proceso electoral del próximo año.
Este Ople ya utilizó 12.8 millones que tenía para el pago de aguinaldos y prestaciones de fin de año para entregarlo a los partidos como financiamiento público. Está en espera de que le autoricen usar 14 millones de pesos que regresó Morena de 2022, para poder cubrir los agujeros presupuestales que tiene para el último trimestre del año. Para el Ople de Oaxaca la reducción fue de casi 60% de su presupuesto cuando tenía que organizar los procesos por Sistemas Normativos Indígenas con un costo de 9.5 millones de pesos. Este instituto ya debe 3 millones de pesos a sus trabajadores y requiere 63.3 millones más para poner al corriente su gasto de operación y cubrir los gastos del inicio del proceso electoral 2024.
En adición el gobierno le debe 3.2 millones por ministraciones incompletas que le han entregado.
