Héctor Herrera
Factor
Saltillo Coahuila. El Tribunal Electoral ha impuesto una sanción sin precedentes en Coahuila por violencia política de género, lo que representa un avance significativo en la protección de los derechos de las mujeres que ejercen cargos públicos. La resolución marca un hito en la lucha contra prácticas que han limitado la participación femenina en la política y busca garantizar el ejercicio pleno de sus funciones sin represalias.
La presidenta de la Junta de gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales, destacó la relevancia de esta decisión, que sienta un precedente para evitar que funcionarias enfrenten obstáculos administrativos o económicos en el desempeño de su labor. En este caso específico, la sanción se impuso debido a la retención injustificada del salario de una regidora en funciones, lo que contraviene su derecho constitucional a recibir una remuneración por su trabajo.
A pesar de que existía una sentencia previa que ordenaba corregir la situación, el alcalde sancionado no cumplió con el fallo, lo que obligó al Tribunal Electoral a tomar medidas más severas. Esta decisión refuerza la importancia de los mecanismos legales para garantizar que las mujeres en la política no sean sujetas a prácticas discriminatorias que obstaculicen su gestión.
Morales recordó que este tipo de casos no son nuevos en Coahuila. “Cuando fui síndica en 2010, conocí situaciones similares en las que se condicionaba el pago a funcionarias si no firmaban la cuenta pública. Afortunadamente, hoy existen herramientas jurídicas que permiten frenar estas acciones y sancionar a los responsables”, explicó.
Sobre las posibles consecuencias adicionales para el funcionario involucrado, la legisladora indicó que aún se desconoce si la sanción incluirá su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo, aclaró que este tipo de medidas suelen ser temporales y que deberá analizarse el alcance de la resolución emitida por el Tribunal Electoral.
Este caso marca un precedente importante en el estado y envía un mensaje contundente sobre la necesidad de garantizar condiciones equitativas para todas las mujeres que participan en la vida pública. Además, destaca la importancia de que las sentencias en materia de violencia política de género sean efectivas y se cumplan sin dilaciones.
Con este fallo, Coahuila avanza en la construcción de un sistema político más justo e inclusivo, donde las mujeres puedan desempeñar sus cargos sin temor a represalias ni condicionamientos arbitrarios. La sanción impuesta refuerza el compromiso de las autoridades con la erradicación de la violencia de género en el ámbito político y abre la puerta a futuras acciones para fortalecer los derechos de las funcionarias públicas.
