Por/Factor
Chiapas. – La crisis de soberanía territorial del Estado mexicano en Chiapas, Guerrero, Tamaulipas, Guanajuato y otras entidades está probando el agotamiento del modelo gubernamental conocido vulgarmente como “abrazos, no balazos” y que en términos estrictos no es otro que la inviabilidad del modelo de gobernanza criminal. Para salirse de la lógica de la violencia delictiva que generaba violencia gubernamental, la administración del presidente López Obrador asumió, sin declararlo, el modelo conocido como de gobernanza criminal: otorgarles a los cárteles la corresponsabilidad de disminuir las expresiones de violencia a cambio de una relativa tranquilidad para sus actividades delictivas, sobre todo de producción de marihuana, cocaína y heroína, cuyos productos se llevaban a otras entidades y a Estados Unidos.
El modelo de gobernanza criminal se basaba en un entendimiento y no un pacto formal firmado a través del cual el Estado dejaba de perseguir, arrestar y reprimir a las bandas criminales, a cambio de que éstas eludirán la violencia en su zona de influencia y de alguna manera contribuyeran a la estabilidad en la seguridad, toda vez que la violencia estaba determinada por la disputa a balazos del territorio entre dos o más bandas delictivas.
En este modelo, el Estado federal se dedicaría a desplegar fuerzas de seguridad con carácter disuasivo y no persecutorio, quitándole otro elemento generador natural de violencia, como se había demostrado en un modelo del presidente Felipe Calderón de persecución y descabezamiento de cárteles del narcotráfico con actividades violentas de crimen organizado. El problema detectado por las autoridades radicaba en la capacidad de organización violenta y armada de las bandas criminales y sus respuestas normalmente de terror exagerada, lo que estaba obligando a las fuerzas federales a escalar la violencia de respuesta con riesgos de violación de derechos humanos.
Los cárteles del narcotráfico no entendieron la lógica de la gobernanza criminal y supusieron que el repliegue gubernamental era una especie de victoria delictiva. De modo natural, los dos grandes cárteles el narcotráfico –Sinaloa y Jalisco– entraron en una guerra territorial para apoderarse de zonas clave para sus delitos. En este sentido, Chiapas representa una zona básica de seguridad nacional para México porque es la puerta de conexión con Centroamérica y Sudamérica en materia de migración, narcotráfico, insurgencia política y contrabando y zona de seguridad nacional también para Estados Unidos por las mismas razones y circunstancias que terminan en la frontera del río Bravo. Estos cinco años del modelo de gobernanza criminal –que sea parodiado por una declaración presidencial sobre acusar a los delincuentes con sus abuelitas– se ha visto un despliegue sin precedente de la Guardia Nacional y el apoyo de las Fuerzas Armadas regulares con mayor capacidad de fuego que las bandas delictivas, pero ha faltado la estrategia política que complementaba la gobernanza criminal: la reconstrucción del tejido social y sobre todo el reforzamiento de la estructura política del Estado a nivel regional, incumpliendo los compromisos del quinto transitorio de la ley de la Guardia Nacional que le otorgaba corresponsabilidad estricta a gobiernos estatales y municipales para evitar la criminalización territorial del Estado nacional.
