Héctor Herrera Factor
Saltillo, Coahuila. – El Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa de reforma al Código Penal de Coahuila para tipificar como delito de sabotaje cualquier afectación dolosa a los sistemas hídricos, propuesta impulsada por la diputada Olivia Martínez Leyva ante el creciente impacto que este tipo de acciones genera en la población.
Durante la sesión del Pleno, la legisladora presentó una modificación al Artículo 474 Bis del Código Penal estatal, con el propósito de sancionar de manera más severa a quienes dañen infraestructura pública destinada a la prestación de servicios municipales, particularmente aquellos relacionados con el suministro de agua potable y saneamiento.
La propuesta establece penas de cinco a 15 años de prisión, además de la suspensión de los derechos políticos de uno a siete años para quienes incurran en este tipo de conductas. El objetivo es evitar que la interrupción deliberada de estos servicios provoque afectaciones colectivas y ponga en riesgo derechos fundamentales de la población.
Martínez Leyva destacó que el acceso al agua potable constituye un derecho humano esencial, por lo que cualquier acción encaminada a interrumpir su suministro debe ser considerada una conducta grave que amerite sanciones acordes con las consecuencias sociales que genera.
La diputada hizo referencia a la problemática que enfrenta la Región Laguna, donde además de la sobreexplotación de los mantos acuíferos, se han registrado diversos actos delictivos contra la infraestructura hidráulica. Recordó que inicialmente se presentaban cortes de energía eléctrica que paralizaban las bombas de extracción, posteriormente el robo de cableado y, más recientemente, daños intencionales a los equipos de bombeo.
Explicó que estas acciones han provocado fallas en los cárcamos, ocasionando que aguas residuales broten por las alcantarillas y afecten a miles de ciudadanos. Señaló que actualmente el daño ya no obedece únicamente al interés económico de sustraer materiales, sino que en muchos casos se realiza con la intención de generar afectaciones a la comunidad.
La legisladora sostuvo que el Código Penal vigente contempla estas conductas únicamente bajo la figura genérica de daño en propiedad ajena, una penalidad que considera insuficiente frente a la magnitud del perjuicio social ocasionado. Por ello, planteó crear un tipo penal autónomo que castigue de manera agravada el daño, destrucción o sustracción de infraestructura hídrica cuando sus efectos trasciendan el ámbito patrimonial y provoquen un impacto colectivo.
La iniciativa contempla que las sanciones se incrementen hasta en una mitad cuando los daños a los sistemas hídricos afecten a comunidades de alta marginación, hospitales, escuelas o albergues de asistencia social, debido a la vulnerabilidad de las personas que dependen de estos servicios.
