Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) han sido señalados por negarse a ejecutar una orden de aprehensión girada por un juez penal en contra de la trabajadora de una empresa de transporte de personal, quien está acusada del delito de robo en su modalidad agravada. La denuncia fue presentada por María Guadalupe N., propietaria de un inmueble que fue presuntamente saqueado tras haber sido rentado a la persona señalada.
De acuerdo con la denunciante, los hechos se remontan al año 2024, cuando arrendó una vivienda amueblada ubicada en la calle Venus 279, en la colonia Ciudad Las Torres, a una mujer identificada como Verónica Guadalupe Chávez. Según el testimonio de la afectada, los problemas comenzaron cuando la inquilina dejó de pagar la renta, lo que llevó a promover un juicio de desahucio. Como parte del proceso legal, un juez autorizó el corte de los servicios básicos con el fin de presionar la desocupación del inmueble.
Tiempo después, a finales del mismo año, la propietaria acudió al domicilio para verificar si la vivienda había sido desocupada. Al ingresar, encontró daños materiales tanto al interior como al exterior de la casa, además de la ausencia del mobiliario que originalmente formaba parte del contrato de arrendamiento. Los bienes sustraídos fueron valuados en aproximadamente 300 mil pesos, motivo por el cual María Guadalupe presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, bajo el número de acta 08888/SAL/UAI/2023.
La investigación fue turnada a un juez penal, quien finalmente giró una orden de aprehensión dentro del proceso penal 1362/2024. La acusación contra Verónica Guadalupe Chávez está sustentada bajo el delito de robo agravado, específicamente por el aprovechamiento de la confianza o seguridad derivada de la relación entre arrendadora y arrendataria.
A pesar de que se cuenta con la ubicación exacta de la acusada, tanto en su domicilio como en su centro de trabajo —una empresa de transporte identificada como Transportes SETTEPI—, elementos de la AIC no han procedido con su detención. Esta situación ha generado inconformidad por parte de la denunciante, quien ha expresado su frustración ante lo que considera una omisión o falta de voluntad por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial por parte de la Fiscalía General del Estado respecto al motivo por el cual no se ha cumplimentado la orden judicial, a pesar de que los elementos de investigación ya cuentan con todos los datos necesarios para su ejecución.
