A 16 años de la tragedia en la Guardería ABC hay menos sentenciados y reducen condenas de cárcel
Por/Factor
HERMOSILLO, Sonora.- Hoy se cumplen 16 años del incendio en la Guardería ABC que mató a 49 niños y dejó un número indeterminado de lesionados. El caso de la instancia infantil, que estaba subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es un ejemplo más de impunidad: durante estos años los sentenciados pasaron de 22 a sólo nueve, y las penas de cárcel impuestas, que como mínimo eran de 20 años, quedaron en menos de seis años. Por si fuera poco, sólo una persona se encuentra en prisión por esos hechos.
Todo comenzó el 5 de junio de 2009 cuando a las 14:45 horas ocurrió un incendio en una bodega anexa perteneciente a la Secretaría de Hacienda. Ahí se originó el fuego y migró hacia la guardería sin mayor obstáculo. De acuerdo con los padres de las víctimas, las reducciones de los sentenciados y las penas de prisión fueron la decisión de un Tribunal Unitario, entre abril y mayo de 2022, derivada, a su vez, de una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo de 2021. La Corte determinó que hubo una responsabilidad “involuntaria” de varios de los imputados.
A su vez, en juzgados de Tijuana donde se desahogaban los procesos determinaron otorgar la competencia penal del Caso ABC a un tribunal especializado en la Ciudad de México, lo que representa un obstáculo para que madres y padres de los niños sigan el proceso y obtengan justicia. Integrante del Movimiento 5 de Junio (M5J), Patricia Duarte, madre de Andrés Alonso, víctima directa del incendio, expresó su indignación: “Han pasado casi 10 años hasta hoy desde 2016, fecha en que se dictó la primera sentencia. Hoy está una sentencia firme, pero yo no les creo porque ese amparo que presentaron los ya sentenciados, y que se resolvió en Tijuana para ver quién tenía la competencia para dictar las sentencias, es una táctica dilatoria del Poder Judicial con la defensa de estas personas.
Es algo que el Poder Judicial pudo haber resuelto de manera inmediata: Hoy sale que una parte (de las sentencias) las va a ejecutar la jueza primera de Distrito y que la cuestión penal se va a la Ciudad de México. En ese sentido, la señora Patricia cuestiona: “¿Cómo nosotros, desde Hermosillo, Sonora, vamos a poder verificar que esas sentencias se cumplan en los juzgados de la CDMX? Nosotros lo vemos como una complicidad del Poder Judicial con estas personas. Son meramente tácticas dilatorias, marrullerías judiciales”. La impunidad y falta de justicia llevó a los padres de las víctimas a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre de 2014. El órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) declaró admisible el caso el 6 de junio de 2020. El presidente del M5J, José Francisco García Quintana, padre de Andrés Alonso, explica que la CIDH mantiene su proceso en la etapa de “fondo”, para determinar si existieron violaciones que ameriten llevar el caso a la corte con sede en San José, Costa Rica.
