Héctor Herrera Factor
Saltillo, Coahuila. Ante el creciente uso de recursos federales por parte de padres y madres de familia para la realización de obras escolares, el secretario de Educación en Coahuila, Emanuel José de Jesús Garza Fishburn, hizo un llamado enérgico a coordinar cualquier proyecto con las autoridades educativas para evitar riesgos y garantizar el cumplimiento de la normatividad nacional.
El funcionario enfatizó la necesidad de establecer comunicación previa con las áreas correspondientes de la Secretaría de Educación antes de emprender construcciones como techumbres, salones o bardas perimetrales. “El exhorto es muy claro: si van a hacer alguna obra, lo primero que deben hacer es tocar base con el área correspondiente”, afirmó.
Garza Fishburn advirtió que ya se han registrado incidentes en escuelas de las regiones Laguna y Sureste, donde estructuras como bardas han colapsado durante lluvias o vientos fuertes por carecer de un diseño técnico adecuado. Estas fallas, señaló, se deben a construcciones que no cumplen con los requisitos establecidos en la normativa nacional.
Además, mencionó problemas en instalaciones eléctricas deficientes, especialmente donde se instalaron aires acondicionados tipo Minisplit sin la infraestructura previa adecuada. “Una obra mal hecha se vuelve un riesgo para la comunidad escolar, y no queremos lamentar accidentes que pudieron evitarse”, subrayó.
Durante el presente ciclo escolar, la Secretaría de Educación ha destinado más de 18 millones de pesos a reparaciones y mejoras en infraestructura escolar en todo el estado. Estas acciones han incluido desde mantenimiento eléctrico hasta rehabilitación estructural en diversos planteles.
El secretario precisó que las obras prioritarias deben estar enfocadas en la seguridad, incluyendo trabajos en sistemas eléctricos, hidráulicos, sanitarios, impermeabilización y otras mejoras que garanticen la integridad física del alumnado y el personal docente.
Finalmente, Garza Fishburn reiteró que existe una coordinación estrecha entre la Secretaría de Educación, el programa federal de Bienestar y el Instituto de la Función Educativa (IFE), para asegurar que los recursos federales sean utilizados de manera adecuada y transparente, priorizando siempre la seguridad en los planteles educativos.
