Crisis forense: FGR incumple con banco nacional de datos y deja sin resolver miles de desapariciones
Por/Factor
CIUDAD DE MÉXICO .– Responsable de la elaboración del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) y otros instrumentos indispensables para la búsqueda e identificación de desaparecidos, las Fiscalía General de la República (FGR) no ha sido capaz de responder a la emergencia nacional que representa contar oficialmente con 124 mil 913 desaparecidos y no localizadas, y entre 52 mil y 72 mil cuerpos no identificados resguardados por fiscalías, como se evidencia en la respuesta al Poder Judicial que ha dado la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero.
De acuerdo a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, desde 2019 la FGR tenía la obligación de crear el BNDF, y ante el incumplimiento de la autoridad, en 2021 la ciudadana Olimpia Montoya Juárez recurrió a un amparo para buscar información sobre su hermano Marco Antonio, desaparecido en Guanajuato en 2017.
Representada por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro-Juárez (Centro Proh), en 2022 Montoya Juárez obtuvo la protección de la justicia federal vía el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, pero el BNDF “sigue sin que se implemente a cabalidad, porque la FGR tiene todavía pendiente incorporar registros relevantes para la identificación de personas”, dice César Contreras, abogado de la organización civil.
La relevancia del BNDF volvió a la luz luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 17 de marzo último que enviaría una iniciativa para crear la Base Nacional de Información Forense, lo que motivó que en documentos de organizaciones de familiares de víctimas de desaparición y de buscadores y buscadoras, recordaran a la presidenta que ese instrumento ya estaba contemplado en la ley y que estaba bajo la responsabilidad de la FGR, pero que no operaba.
Contreras, quien de antemano reconoce que “es la primera vez que hay un indicio de esbozo de incluir las desapariciones en la agenda de la presidenta”, considera que la propuesta de Sheinbaum apunta a tener el mismo objetivo ya delineado por las familias de víctimas en la ley general de 2017, “que es concentrar la información relevante para la búsqueda e identificación de desaparecidos para la investigación de los delitos, y sobre todo para devolverles la identidad a los restos no identificados”.
