Héctor Herrera Factor
Saltillo Coahuila. El problema de los centros de rehabilitación en Coahuila ha estado presente por años, pero sigue siendo una preocupación desatendida por el gobierno Federal . La falta de regulación, supervisión y apoyo a estos espacios de recuperación ha convertido el proceso de rehabilitación de miles de personas en una ruleta rusa. Si bien algunos logran superar sus adicciones, muchos otros terminan en condiciones aún más vulnerables, víctimas de la ausencia de una estructura que garantice su bienestar y recuperación.
En Coahuila, actualmente existen más de 300 anexos o centros de rehabilitación, de los cuales solo 150 están debidamente registrados. De estos, únicamente dos cuentan con el reconocimiento de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), lo que deja al resto operando bajo condiciones precarias e incluso ilegales. Esta falta de regulación y supervisión es especialmente preocupante en un contexto donde más de 200 centros siguen funcionando sin los permisos necesarios, sin infraestructura adecuada y, lo que es más grave, sin la mínima supervisión gubernamental.
Apenas 15 días atrás, el municipio de Torreón clausuró uno de estos centros de rehabilitación por carecer de un simple documento municipal. Esta acción, aunque simbólica, refleja la constante lucha de las autoridades locales contra la proliferación desmedida de estos espacios, que operan sin el respaldo institucional correspondiente. Mientras tanto, miles de personas continúan siendo atendidas en estos lugares sin garantías de un tratamiento adecuado, expuestas a la violencia, el abuso y la negligencia.
El diputado local Jorge Valdés ha sido uno de los principales críticos de esta situación, afirmando que la crisis en los centros de rehabilitación refleja la falta de acción del gobierno Federal frente a una problemática urgente. “Los anexos surgen porque hay una necesidad que el gobierno Federal no está cubriendo, pero nacen sin recursos, sin medios y sin apoyo. Muchas familias terminan dejándolos ahí con la esperanza de que se rehabiliten, pero el Estado sigue sin hacerse responsable”, señaló el legislador.
Para Valdés, la comparación con la lucha contra la inseguridad en Coahuila es inevitable. Hace 15 años, la coordinación entre los distintos niveles de gobierno permitió avances importantes en la reducción de la violencia, sin embargo, en el ámbito de la salud y las adicciones, la historia es diferente. El legislador considera que lo que falta no son leyes, sino voluntad política. “Hace falta voluntad. Esto no es solo un tema legislativo, es una falta de respuesta del Sector Salud Federal . Existen los centros, las autoridades saben dónde están, pero no hacen nada para regularlos ni para mejorar su funcionamiento”, expresó.
La crisis de los centros de rehabilitación en Coahuila refleja una profunda descoordinación entre los gobiernos Estatal y Federal , que no logran establecer una política pública eficaz para enfrentar el problema de las adicciones. En lugar de ofrecer soluciones, los centros de rehabilitación se han convertido en un refugio improvisado para personas que buscan recuperar sus vidas, pero que a menudo se enfrentan a un entorno de total desprotección.
El panorama para los cientos de personas que pasan por estos centros de rehabilitación sigue siendo incierto. Muchos de los pacientes ingresan con la esperanza de superar su adicción, pero al salir, muchos se enfrentan a un futuro aún más oscuro, pues no solo no han logrado recuperarse, sino que han sido sometidos a condiciones inhumanas y, en algunos casos, incluso a abusos por parte de quienes administran estos lugares. La falta de un marco legal adecuado para regular los centros de rehabilitación pone en riesgo la vida de quienes más necesitan ayuda.
Es urgente que el gobierno Federal asuma su responsabilidad y tome cartas en el asunto para regularizar y supervisar los centros de rehabilitación en Coahuila. Las familias que depositan su confianza en estos lugares merecen saber que sus seres queridos están siendo tratados en condiciones seguras y profesionales. La falta de acción ante este problema perpetúa una situación de vulnerabilidad que afecta a miles de personas y a sus familias, dejando en evidencia la ineficacia de las políticas públicas en materia de salud y adicciones.
