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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso). – Las plazas de más de 50 jueces federales que emitieron resoluciones incómodas para el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que incluso algunos de ellos fueron exhibidos en las conferencias matutinas del exmandatario, serán sometidas al proceso de elección extraordinaria del año 2025. De una revisión realizada por Proceso en la lista de los 386 juzgadores que salieron en la tómbola del Senado de la República del pasado 12 de octubre y cuyas plazas serán sometidas a la elección judicial de 2025, se pudo constatar que, por lo menos, 54 de esos jueces y juezas han conocido de asuntos mediáticos y en la mayoría de ellos sus resoluciones fueron duramente criticadas por el expresidente López Obrador.
De los nombres de los juzgadores en la ciudad destaca el de Adrián Fernando Novelo Pérez, juez Primero de Distrito en Yucatán, quien en marzo de este año ordenó al gobierno federal acatar la suspensión para frenar las obras del tramo 5 sur del Tren Maya. También es el caso de Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza Primero de Distrito en materia Penal en la CDMX. Fue quien denunció a Carlos Alpízar, exsecretario técnico del Consejo de la Judicatura Federal, y al expresidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, actual coordinador de Política y Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, de presionarla para emitir fallos para favorecer intereses de la administración de López Obrador.
En otros temas que eran de interés para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación es el que llevó Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) del Reclusorio Norte, quien encabezó las audiencias de los casos contra el exdirectror de Pemex, Emilio Lozoya. En mayo pasado, el juez fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de actuar con parcialidad y cometer ilegalidades porque ordenó suspender el proceso contra Lozoya por lavado de dinero en la operación de compraventa irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados y lo incluyó en el acuerdo de reparación del daño que el gobierno federal firmó con Alonso Ancira.
Se sorteó asimismo la plaza de Juan José Hernández Leyva, juez de control en el CJPF del Reclusorio Sur, que conoce del proceso contra el extitular de la extinta PGR, Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa. En abril de este año, el juez le concedió la prisión domiciliaria, lo que permitió al exfuncionario salir de la cárcel después de dos años de haber sido detenido.
Otros juzgadores que deberán dejar sus cargos el próximo como resultado de la reforma de Morena y sus aliados son: Arturo Medel Casquera, adscrito al CJPF del Reclusorio Oriente, quien en su carácter de juez de enjuiciamiento en junio de este año pospuso hasta nuevo aviso el juicio por acopio de armas contra personas que supuestamente atentaron contra el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, debido a que la FGR no pudo presentar todos los medios de prueba que ofreció para las diligencias. Augusto Octavio Mejía Ojeda, juez Tercero de Distrito en materia Penal, que en el año 2021 ordenó al fiscal Alejandro Gertz Manero abstenerse de hablar públicamente sobre la culpabilidad o responsabilidad de Rosario Robles en el caso de la Estafa Maestra.
Jesús Alberto Chávez Hernández, juez Décimo Tercero de Distrito en materia Penal, que fue exhibido en una conferencia matutina del expresidente López Obrador porque en enero de este año rechazó librar orden de captura contra Jorge Antonio “S”, exagente del CISEN, señalado como el segundo tirador en el caso del homicidio del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio.
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LOS DEJO FUERA LA TOMBOLA.
