Resultó una vacilada el anuncio de que al extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam, se le concedió el beneficio de prisión domiciliaria en razón de su deteriorado estado de salud y su avanzada edad.
El fallo de un juez federal, José Rivas González, no significa que el exprocurador, detenido el 19 de agosto de 2022, se vaya a ir a su casa en calidad de detenido.
La segunda también es por tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos. Sigue vigente y por eso se queda en la cárcel.
El 2° informe de la Comisión de la Verdad, que encabezó Alejandro Encinas, admite que Guerreros Unidos mantenía una importante “cooptación” de las autoridades encargadas de la seguridad pública y el combate al narcotráfico en la región: policías municipales, estatales y federales; y con el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.
Fue esta organización delincuencial la que operó la desaparición de los normalistas, a través de al menos tres células delictivas, en distintas zonas del municipio, con el apoyo de diversas autoridades, dice el informe de la Comisión.
AMLO fue cuestionado sobre la abortada prisión domiciliaria para el exprocurador. El Presidente dijo que se trataba del “clásico sabadazo” y que el juez que cambió la medida cautelar “actuó por consigna, porque se dedicó a hablar mal de mí”.
El mandatario calificó de “muy raro” que el juez, que no es el titular, haya otorgado la prisión domiciliaria a Murillo, porque se suponía que no había servicio y que estaban cerrados los juzgados.
La UNAM salió ayer a desmentir los plagios. La Dirección de Comunicación Social de la casa de estudios dio a conocer un comunicado en el que niega que haya habido plagio en los dos casos. Advierte: “La UNAM no puede ni debe verse involucrada en la disputa electoral. Por lo anterior, a partir de esta fecha, sólo emitirá dictámenes sobre posibles plagios en aquellos casos donde sea imprescindible la presentación de un grado académico para desempeñar un cargo de responsabilidad”.
* Reveladoras las cifras de la organización Causa en Común, que encabeza María Elena Morera, sobre el costo en vidas humanas que paga la policía en el combate al crimen en México.
En su último reporte, Causa en Común asegura que en lo que va del año han sido asesinados al menos 362 policías. Un promedio de 1.1 cada día.
Los estados con mayor cantidad de policías ejecutados en este periodo son Guanajuato (58), Guerrero (34), Zacatecas (24), Michoacán, Jalisco y Veracruz (22 cada uno)
En esas seis entidades hay una fuerte presencia de grupos del crimen organizado. El elevado saldo rojo refleja la impunidad con la que ejecutan a quienes están encargados de combatirlos. Matar a un policía sale barato en México.
Causa en Común da a conocer otra cifra que llama la atención: Del 1° de diciembre de 2018 al 1° de noviembre de 2023 se han registrado, al menos, 2 mil 180 policías asesinados en México.
