Sin agua no hay futuro: Urgente llamado a la concientización e inversiones
Por: Cristina Flores Cepeda
Sabinas, Coahuila. – En un momento en que los efectos del cambio climático son más visibles y devastadores, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha planteado a los usuarios y concesionarios registrados de pozos de agua, la solicitud de reducir voluntariamente un 10% del volumen de agua que tienen autorizado, con el argumento de crear una reserva hídrica para situaciones de emergencia. El ingeniero Fernando Mendoza Bernal, conocedor profundo de la problemática hídrica en la Región Carbonífera, fue claro: la propuesta, en la práctica, no resuelve los problemas de fondo. “Pedir un 10% de agua de concesión no tiene sentido si la naturaleza misma, a través de la sequía, ya ha abatido los niveles freáticos de los pozos”, sentenció. ¿De qué sirve ofrecer un porcentaje de un pozo seco?
La propuesta de Conagua se queda corta, se enfoca únicamente en un punto del «Acuerdo Nacional del Derecho Humano al Agua y la Sostenibilidad», dejando de lado otros nueve compromisos que son fundamentales. Además, no fue socializada con quienes deberían ser los principales actores: agricultores, ganaderos, presidentes municipales y comunidades afectadas. «Nunca vimos por aquí a ningún senador, a ningún diputado, no les bajaron la información a los gobernadores para desmenuzar el tema con la base», denunció Mendoza Bernal.
La realidad hídrica de la Región Carbonífera es crítica. No existe suficiente agua superficial para destinar el 75% al sector agrícola, como ocurre a nivel nacional. Los productores han sobrevivido -algunos- con pozos irregulares, que urgen ser legalizados para acceder a apoyos federales que les permitan seguir produciendo alimentos en una región donde cada litro de agua cuenta.
Agua robada, presión perdida
El entrevistado recordó un hecho alarmante: en años anteriores, un director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento detectó 50 tomas clandestinas de la red general que viene desde Aura, presentando las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público. ¿El resultado? Ninguno. Cada conexión ilegal no solo es un robo, sino un atentado directo contra el derecho humano de acceso al agua. Al perforar una tubería, se pierde presión y volumen, dejando a comunidades enteras sin el vital líquido. El pago del agua domiciliaria no es solo una cuota: es un acto de responsabilidad colectiva para sostener, mantener y ampliar las redes de abasto.
El costo de la omisión: un desastre de 3,500 millones de pesos
La falta de infraestructura para captar y almacenar el agua de lluvia también pasa factura. Mendoza recordó la inundación de 2010, cuando el huracán Alex dejó caer 40 pulgadas de agua (equivalente a un metro de altura) sobre un área de 640,000 hectáreas —una cantidad de 6.5 millones de metros cúbicos de agua. La presa Venustiano Carranza fue desfogada cinco veces su capacidad para evitar colapsos. Pero, 8 meses después, la región enfrentaba una sequía severa con mortandad de ganado. La falta de obras de captación no solo desperdició el agua: causó pérdidas estimadas en 3,500 millones de pesos, paralizando actividades económicas, afectando la venta de carbón y el comercio regional e internacional.
“Hoy, 15 años después, seguimos sin obras de captación. Y si un huracán de esa magnitud se repite —lo cual, según las tendencias climáticas, es cada vez más probable— volveríamos a desperdiciar la oportunidad y a sufrir las consecuencias; no hemos hecho nada al respecto”. Recordó que, en aquel entonces, la empresa Fervin que preside, hizo un proyecto denominado Pavorreal que fue presentado con la finalidad de hacer obras que permitan mantener la captación del agua de lluvia, pero no prosperó.
Contaminación, multas y salud pública en riesgo
Otro aspecto doloroso que refleja descuido es la contaminación de los cuerpos de agua. Cada día, más de 30 toneladas de excremento humano se vierten en el río Sabinas, sin tratamiento adecuado, exponiendo a la población a riesgos de salud pública. Esta omisión acarrea multas para los municipios, los ayuntamientos se ven obligados a pagar sanciones económicas que podrían ser invertidas en sistemas de tratamiento de aguas residuales, pero, por falta de acción, se convierten en cargas económicas y sociales que perpetúan el rezago y lesionan el medio ambiente.
Regularizar pozos de agua una urgencia vital
En la Región Carbonífera, muchos pozos que abastecen tanto a productores como a municipios operan sin registro oficial. No porque se niegue a cumplir, sino porque la burocracia y la falta de voluntad política han criminalizado la necesidad básica de producir alimentos y de abastecer a las comunidades. Mendoza Bernal fue claro: legalizar los pozos no es un capricho, es reconocer que sin agua no hay producción, no hay salud, no hay desarrollo económico. Cada pozo representa vida: ganado alimentado, cultivos que nacen, empleos rurales que se sostienen.
Sin agua no hay desarrollo
Puede hablarse de diversificación económica, de industrialización o de megaproyectos, pero sin agua, todos los planes fracasan. El Acuerdo Nacional plantea la necesidad de invertir en tecnología, en tratamiento de aguas, en obras hidráulicas de captación, en regularización de concesiones y en el fortalecimiento del derecho humano al acceso al agua. El llamado es urgente: que la ciudadanía en general conozca y exijan el cumplimiento de este acuerdo nacional. Primero el agua, después cualquier carretera, puente o edificación, porque solo garantizando agua para consumo humano, para la producción de alimentos, para la recarga de los acuíferos, se puede hablar realmente de un futuro para la Región Carbonífera.
