Preocupa posible ocultamiento de información con nueva Ley de Transparencia: Julieta del Río

Héctor Herrera Factor

Saltillo, Coahuila. La armonización de la Ley de Transparencia podría implicar un retroceso en el acceso a la información pública en México, advirtió Norma Julieta del Río Venegas, ex comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Al presentar la propuesta Transparencia y Datos Personales en México, expresó su inquietud por el riesgo de que se utilice el argumento de la paz social como nuevo pretexto para reservar datos que deberían estar al alcance ciudadano.

Del Río Venegas recordó que, en el pasado, la reserva de información se justificaba bajo el argumento de la seguridad nacional, lo cual ya representaba un desafío para la rendición de cuentas. Sin embargo, ahora teme que la clasificación de datos deje de ser una excepción y se convierta en la norma, facilitando que cualquier autoridad se excuse en “mantener la paz social” para negar el acceso a la información.

Durante su visita al Congreso del Estado de Coahuila, donde fue invitada para conocer la propuesta local y compartir su experiencia en el ámbito nacional, la ex comisionada alertó sobre la carga de trabajo que implicará la extinción del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Señaló que el trabajo se triplicará, ya que ahora el Congreso, junto con otros organismos, deberá asumir tareas como recibir solicitudes, alimentar plataformas, clasificar peticiones y responder directamente al ciudadano.

Pese a sus advertencias, reconoció que en Coahuila hay apertura y voluntad para avanzar en la armonización de la ley federal con las disposiciones estatales. En este sentido, recomendó al Congreso local apegarse al contenido del Artículo 133 de la Constitución y a la Ley Federal de Transparencia, especialmente en lo que respecta a la extinción del organismo autónomo, el proceso de entrega-recepción y la creación del nuevo instituto garante.

Asimismo, explicó que el nuevo organismo de transparencia tendrá competencia solo sobre las solicitudes dirigidas al Poder Ejecutivo. En cambio, los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos públicos autónomos, deberán contar con sus propias entidades reguladoras de la transparencia, lo cual añade complejidad al nuevo modelo.

Del Río enfatizó que esta transición no solo representa un reto técnico y operativo, sino también un riesgo democrático, si no se establecen los controles adecuados para evitar el abuso en la reserva de información. La garantía del derecho a saber, dijo, no puede subordinarse a criterios ambiguos como el mantenimiento de la paz social.

Finalmente, pidió al Congreso actuar con responsabilidad y garantizar que la nueva estructura respete los principios de transparencia, rendición de cuentas y acceso efectivo a la información. “No podemos permitir que lo que fue la excepción se vuelva regla”, sentenció.