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El próximo martes 30 de abril el Ejecutivo federal entregará a la Cámara de Diputados el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo correspondiente a su administración.

 

Podremos saber entonces si se trata de un instrumento técnicamente consistente, que facilite y promueva la actividad social y productiva, o si se trata de un ejercicio de la retórica sexenal, una versión recargada de los libros de campaña.

 

Veremos también, qué tan en cuenta se habrán tomado las aportaciones y propuestas de la población, igual que se han ignorado las propuestas y visiones de los agentes productivos, como las cámaras empresariales, que han demandado poner el respeto al estado de Derecho al centro de cualquier proyecto de desarrollo.

 

A juzgar por el discurso pronunciado por el Presidente el 17 de marzo, al clausurar el Foro Nacional de Consulta, el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo será, según sus palabras e interpretaciones “el fin de la política neoliberal” y, podríamos decir, la inauguración del pensamiento único, el del post neoliberalismo obradorista.

 

Se presentará al “neoliberalismo” como culpable de los males del país y cómodo pretexto en caso de fracaso de su proyecto de nación.

 

Desgraciadamente, lejos de compartirnos su visión sobre los tres ejes temáticos y otros tantos transversales que estructurarán el plan, encontramos en este discurso los lugares comunes de política social lanzados en campaña: honradez y honestidad, no dejar a nadie ni atrás ni afuera, ética, libertad y confianza, una sociedad más fraterna y amorosa, etcétera.

 

Y en lo económico, una premisa elemental, promover una economía para el bienestar y una divisa llamativa: que “el mercado no sustituye al Estado”, y antes bien, que el Estado sustituirá al mercado, tal como se aprecia en los proyectos estratégicos impulsados por esta administración.

 

Quedan armadas así, las dos piezas de la bisagra del modelo post neoliberal que estamos por conocer: una política social extensiva e indiscriminada de otorgamiento de transferencias monetarias directas y de licencias garantistas gratuitas, a poblaciones cada vez más amplias, por un lado, y una economía donde el Estado recupere funciones productivas no estratégicas.

 

De ahí que se vislumbre un retroceso en diversos aspectos esenciales, ausentes en lo dicho hasta ahora: una visión de desarrollo basado en la promoción de la inversión y la generación de empleos, perpetuando a los más necesitados, como el propio Presidente los refiere, en su pobreza y su necesidad.

 

En un interesante ejercicio, Luis de la Calle analizó las propuestas del Presidente, contenidas en su Plan de Nación y otros documentos oficiales, en comparación con los 10 puntos del “Consenso de Washington”, reconocido como la esencia del neoliberalismo. Resulta que su gobierno califica con 8.5 en el decálogo, apenas alejado de la más pura ortodoxia.

 

Lo delicado de este hallazgo es que evidencia que el Presidente se maneja con una doble agenda y que, cuando haya creado las condiciones para ello, dará un viraje radical a sus políticas, ante la imposibilidad de cumplir sus promesas. Es un escenario indeseable, pero altamente probable: el de un plan que, antes que para el desarrollo, resulte diseñado para el retroceso.

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