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Métodos para acallar protestas, como el congelamiento de cuentas de personas vinculadas a la manifestación en defensa del agua en la presa La Boquilla, son propios de regímenes autoritarios.

No corresponden a un gobierno que encabeza un hombre que se construyó en marchas y plantones contra un sistema neoliberal que se olvidó de los pobres y toleró la corrupción.

Allí están, para muestra, el bloqueo de los pozos de Pemex, el plantón de Reforma, el éxodo por la democracia…

AMLO no tiene cuentas bancarias. No le podían congelar nada. Pero el sistema no se atrevió a llevar el desafuero hasta sus últimas consecuencias ni a otorgarle la foto detrás de los barrotes que tanto anhelaba.

El tabasqueño no cejó hasta llegar a Palacio Nacional.

Una vez en el poder, el Presidente ha sido tolerante —por no decir blandengue— con protestas que dañan a terceros, como fueron los bloqueos a las vías férreas que realiza la CNTE.

Su gobierno voltea para otro lado en la toma de casetas y el cobro ilegal de cuotas por manifestantes sin causas que sólo buscan hacerse de dinero.

Tampoco ha actuado ante el secuestro de autobuses, con todo y choferes, que han durado días.

Pero con los agricultores que se manifiestan en Chihuahua es otro. No sólo congeló las cuentas de los cabecillas de la justa protesta, sino que les abrió proceso a algunos de ellos.

Mandó a la Guardia Nacional para evitar que los inconformes cerraran la compuerta. Fracasaron. Fueron superados en número por los agricultores y desalojados de la presa.

Después del zafarrancho se produjo el asesinato de Yessi, una joven agricultora, a manos de integrantes de ese cuerpo de seguridad. Su marido quedó muy mal herido, pero se salvó. Seguirá en la lucha.

 

*Del tema hablamos ayer con el exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, a quien AMLO acusa de ser uno de los “alborotadores” en la protesta de La Boquilla.

Santiago Nieto, titular de la UIF, congeló sus cuentas, al igual que a otros “organizadores” de la manifestación. En su calidad de exdirector del ISSSTE, lo involucró en la llamada Estafa Maestra.

Reyes Baeza no fue notificado por la UIF del bloqueo de cuentas, sino por la institución bancaria donde las tiene. Se va a amparar para que las descongelen y va a esperar a que se le notifique oficialmente de qué se le acusa, para preparar su estrategia jurídica.

Comenta:

“El tema tiene fondo político, sin duda, de conflicto. Pero finalmente hay repercusiones jurídicas. Nos tienen en la necesidad de cuidar que no se sigan generando estos actos violatorios del texto constitucional”.

De los señalamientos de la Estafa Maestra dice que no le preocupan. Sabe que no hay una auditoría que lo mencione.

Asegura que incluso suspendió contratos con las universidades, en cuanto la auditoría los observó.

“Eso motivó, en 2014 o 2013, que se auditara a dos funcionarios de tercer nivel que se defendieron, con éxito, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Éste ordenó que les fueran restituidos sus derechos y el pago de salarios caídos”, puntualizó.

“No sé si (Santiago Nieto) se refiera a eso”, finalizó.

 

*El “circo romano” —así llama Felipe Calderón al juicio de los expresidentes— se cerró ayer al recibir el Senado la solicitud de López Obrador para que se realice.

La pelota está en la cancha de la SCJN, que tiene 20 días para resolver un asunto que podría desechar en cinco minutos: los derechos humanos no pueden sujetarse a consulta. El asunto recayó en el ministro Luis María Aguilar quien, para colmo, no tiene la mejor relación con el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, cercano a AMLO.

Pero esperemos los argumentos a favor y en contra.

 

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