Ni en el ocaso de su mandato, el presidente López Obrador suelta su protagonismo político. Su ascendencia sobre Claudia Sheinbaum es notoria. No le va a ser fácil a la futura Presidenta desprenderse de su influencia.
No sólo le impuso una agenda de veinte reformas –18 de ellas constitucionales– que, de concretarse, impactarán en el próximo sexenio, sino que la lleva a giras que él encabeza.
Peor: ya dijo que se jubila y que no quiere ser “líder moral”, ni “jefe máximo”, ni nada que se le parezca. Pero luego le compuso y declaró que sólo acudiría al llamado de su Presidenta, aunque siempre ejerciendo su derecho a disentir. Ambos sostuvieron ayer su primer acto público en Nueva Rosita, Coahuila, desde que Sheinbaum se convirtió en virtual presidenta electa.
Estuvieron con familiares de los 63 mineros que siguen enterrados en Pasta de Conchos desde hace 18 años. Ella, como virtual Presidenta electa. Él, como Presidente saliente.
La historia comenzó mal. Uno de los vehículos de la comitiva de Sheinbaum chocó en la carretera, cerca de Monclova, Coahuila, con un automóvil particular. Dejó una persona de la tercera edad muerta y varios heridos. Ella se bajó del vehículo en el que venía para auxiliar a los heridos, dicen los reportes.
El alcalde panista de Monclova, Mario Dávila, expresó que el vehículo de la comitiva no respetó la señal de alto y se impactó de frente con otro vehículo (portal de Reforma, 14 de junio del 2024).
*El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hizo un análisis de las veinte iniciativas constitucionales y legales de AMLO, conocidas como plan C. El análisis dice que esta agenda de cambios, una vez avalada, impactará directamente en las decisiones del gobierno que Sheinbaum habrá de comenzar el 1 de octubre de este año. “Esa agenda sólo puede entenderse desde una inicial motivación electoral orientada a confeccionar una agenda de campaña que le permita evadir el deber de neutralidad que le impone el artículo 134 constitucional”.
El documento analiza cada una de las veinte reformas. Nos concentramos en la del Poder Judicial de la Federación, que ha sacudido al “superpeso”, que anoche estaba en 18.47 frente al dólar. Esa reforma no sólo propone la elección por voto popular de jueces magistrados y ministros. Plantea también la sustitución del Consejo de la Judicatura por un nuevo órgano de administración judicial separado de la Suprema Corte y la creación de un tribunal de disciplina judicial, entre otras muchas cosas.
Sobre la elección de los juzgadores, el análisis de Jurídicas advierte: “Las postulaciones –de los nuevos juzgadores– atenderán a las preferencias personales del presidente, a la composición electoral que en cada momento tenga el Congreso de la Unión y a la fuerza que de los grupos dominantes al interior de la SCJN y el PJF”. De aprobarse la iniciativa, el daño al PJF será mayúsculo, ya que implicará el cese inmediato de 1,665 ministros, magistraturas y judicaturas. Generará un movimiento pendular del PJF para que sus integrantes dejen la posición de independencia e imparcialidad que actualmente tienen garantizada, y se adentren en el campo de la política.
“En ese devenir, los cambios al estatuto jurídico y a la mecánica de selección de sus integrantes buscan dejar a las personas juzgadoras a expensas del poder avasallante de la política, obligándolos a incursionar en el terreno electoral”. Los autores del análisis son Sergio López Ayón, José de Jesús Orozco Henríquez, Pedro Salazar Ugarte, y Diego Valadés.
*El PAN no sólo impugnó la elección presidencial, sino que pide sea anulada por las “graves violaciones” que se dieron durante el proceso electoral. Marko Cortés, jefe nacional de ese partido, dejó claro que la nulidad se solicita más allá de los resultados (Claudia le sacó a Xóchitl 30 puntos de ventaja). El panista expuso sus razones: “Fue una elección de Estado que se caracterizó por no contar con un piso parejo por la intervención del Presidente de la República, la violencia e injerencia del crimen organizado y el uso del aparato del Estado para promover la candidatura de la coalición Sigamos Haciendo Historia”.
*El PRI también impugnó la elección presidencial, pero no habló de nulidad. A través de su representante ante el INE, Eduardo Suárez Licona, expuso que se registró un cúmulo de irregularidades graves plenamente acreditadas: “En forma evidente vulneraron los valores constitucionales, enmarcados en los principios de certeza, imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda”, dice el documento que entregó al INE. Y coincidió con el PAN en que el clima de violencia, intimidación e inseguridad que se registró durante todo el proceso influyó directamente en los resultados, “lo cual genera dudas sobre su legitimidad”. No faltará quien diga que son patadas de ahogado. Todos sabemos que esas impugnaciones serán desechadas. Se justifican, eso sí, para balconear las irregularidades cometidas a lo largo del proceso por los que se dicen “diferentes”.
