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SIN PRETEXTOS

 

Con una Guardia Nacional de carácter civil y que se ajuste a las observaciones de la pluralidad política, de los organismos internacionales y de las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno federal tendrá el entramado legal, administrativo y operativo para cumplir, como prometió a los mexicanos, su compromiso de resolver la violencia y la inseguridad pública. En el resto del sexenio, no habrá pretexto para que no se den los resultados que la ciudadanía espera.

 

La aprobación unánime en el Senado de la República de la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional representa un triunfo de la política, el diálogo y el interés nacional por encima de la cerrazón y la imposición. A pesar de algunos claroscuros, es de reconocer la visión de Estado y la integridad de las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC, por su trabajo parlamentario.

 

Este acuerdo inédito se logró pese a la voluntad del Ejecutivo federal, quien no tuvo más que aceptar el resultado de las negociaciones iniciadas en la Cámara de Diputados. Esta semana veremos cómo los diputados dictaminan la minuta devuelta por el Senado.

 

Hay dos temas que seguramente incomodarán al Presidente: la eliminación del artículo transitorio de la iniciativa original que establecía la permanencia de las Fuerzas Armadas en la nueva corporación; y la supresión de una especie de Estado Mayor Conjunto, entre el Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública, de lo cual, al parecer, aún no cobra conciencia el Jefe del Ejecutivo.

 

La reforma votada de forma unánime deja en claro que, tanto los mandos como los elementos que sean transferidos a la nueva institución por un plazo máximo de cinco años, tendrán carácter civil y estarán sujetos al fuero civil; y se eliminó también la instancia de un Estado Mayor mixto, militar y civil.

 

Tampoco olvidamos que antes de la negociación y redacción final del dictamen, el Presidente de la República amenazó a los senadores con divulgar los nombres de quienes se atrevieran a votar contra su proyecto original.

 

Es plausible que hayan dejado a salvo las policías preventivas estatales y municipales y previsto la elaboración de un diagnóstico de parte de los gobernadores, como base para un compromiso de fortalecerlas y a fin de que, en la práctica, no sean anuladas por el nuevo cuerpo de seguridad.

 

A causa de las ambigüedades en la postura del Presidente y de su Secretario de Seguridad, será fundamental que las bancadas de la oposición, las organizaciones de la sociedad civil (ahora tan despreciadas por el Ejecutivo federal), los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, los expertos y medios de comunicación estén atentos al desarrollo de las leyes reglamentarias. Se trata de no desvirtuar el sentido original dictado por el Constituyente Permanente y de que, ya sin pretextos, el gobierno resuelva la crisis de seguridad pública.

 

Asimismo, se requerirá un seguimiento puntual del presupuesto de la Guardia, pues los recursos quedaron sectorizados en el ramo de la defensa nacional y se requerirá evitar que se cumpla con la máxima de que quien paga manda.

 

Por lo pronto, cabe esperar que la Cámara de Diputados ratifique las modificaciones realizadas por la colegisladora y apruebe la minuta en sus términos, sin moverle una coma.

 

Este ejercicio legislativo nos da dos lecciones: el gobierno federal debe entender que los asuntos nacionales se resuelven mejor en la pluralidad democrática, con la sociedad civil y en un marco de respeto a la división de poderes y el federalismo; y en la medida en que las oposiciones se mantengan coordinadas, podrán tutelar de manera más eficiente los intereses, derechos y libertades de los mexicanos.

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