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Ni para disimular. El Senado no quiso darse el tiempo para leer a fondo los textos definitivos de los nuevos protocolos del T-MEC, ni para asesorarse con expertos, ni para oír a quienes tendrán que implementar o adaptarse a las nuevas disposiciones: empresarios nacionales y empresas extranjeras establecidas en México, autoridades laborales y sindicatos, expertos de la Secretaría de Economía. Menciono los cinco principales pretextos y sus respuestas: 1. Era el último día de sesiones. El Senado puede convocar a periodo extraordinario cuando lo requiera. 2. El documento ya había sido enviado por el presidente de EU al Congreso. Sí, pero el líder del Senado ya había anunciado que no se aprobaría sino hasta el fin del juicio político al presidente Trump. 3 Había que ratificarlo para dar más confianza. No es seguro que el nuevo T-MEC y sus protocolos aumenten significativamente la confianza de los inversionistas, pero, en todo caso, un Senado bien informado y actuante da más confianza que uno que se conforme con ser el matasellos de lo que el Ejecutivo le envíe. 4. Somos tan débiles frente a EU que no nos quedaba más que aceptar sus condiciones. Cuando negociamos el NAFTA éramos más débiles económicamente y negociamos mejor quizá porque lo hicimos  consultando, siguiendo procesos y protocolos, elaborando minutas, a partir de decisiones consultadas y puestas a prueba de modelos y elaboración de escenarios y, como lo manda la Ley Orgánica de la Administración Pública, conducidos por la Secretaría de Economía, siguiendo protocolos, con asesoría de técnicos y expertos y no concentrando todo en una persona.

 

Y, por último, ¿había que firmarlo a ciegas porque de todas maneras ya no se puede cambiar nada? ¿Seguro? Y aún si no se pudiera modificar, conocer a fondo lo acordado permite preparar las leyes secundarias y acompañar el proceso de implementación cuidando los intereses de los que el Senado es responsable. El Senado mexicano anuncia una anémica Comisión de Seguimiento, mientras que el Congreso norteamericano incluye en las leyes secundarias un denso entramado de nuevas instituciones, comisiones, comités, etcétera.

 

En palabras de los congresistas demócratas, estos lograron un lenguaje en el que se elimina la presunción de inocencia en los casos de diferendos laborales y ambientales. Según el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, el demócrata Ricard Neal, “se aceptó la tesis de que una violación laboral y/o ambiental afecta el comercio y la inversión y, por tanto, requiere que el otro gobierno pruebe que no hubo tal violación”. En cuanto al cumplimiento de la Reforma Laboral, los demócratas lograron “establecer indicadores clave que permitirán tomar acciones que obliguen al proceso de cumplimiento de la Reforma Laboral. De no cumplir con estos indicadores se emprenderán acciones para obligar al cumplimiento”.

 

Los cinco agregados laborales en la embajada norteamericana (también habrá agregados ambientales) se han llevado la atención mediática, pero éstos son lo de menos. Está más que demostrado que, con pocas excepciones, un sindicalismo débil o prácticamente inexistente lleva a salarios magros y condiciones laborales indignas y esto afecta la productividad y favorece la inseguridad. Lo que preocupa es que tanto en lo laboral como especialmente en reglas de origen que afectan al sector automotriz, los nuevos protocolos se prestan a un manejo político que depende del humor en la Casa Blanca. Y el humor puede ser muy cambiante: si el T-MEC contribuye a la reelección del presidente Trump, éste ya no tendrá los frenos que le impone la necesidad de reelegirse. Ahora tendrá el imperativo de prolongar el mandato del Partido Republicano trumpiano con sus premisas de antimigrantes y de nacionalismo económico. Podremos tener las pesadillas del atún o de la certificación antidrogas ampliadas a otros sectores: acero, automotriz, farmacéutica, agricultura, etcétera.

 

El T-MEC que se ratificó lleva, sobre todo, el sello de los intereses del gobierno norteamericano, incentivando el establecimiento de manufactura en los Estados Unidos y no en México, como se ve claramente con el cambio de reglas de origen para los autos. El contenido regional mínimo para la industria automotriz sube de 62.5% del valor de un auto a 70%. Además, 40% en autos y 45% en pickups debe estar producido en plantas en las que se pague un salario mínimo de 16 dólares la hora. Y en siete años, 70% del acero y el aluminio en un carro deberá ser producido —desde la fundición— en Norteamérica. Algo muy difícil de implementar para las empresas mexicanas. De hecho, es posible que perdamos plantas, pero debemos recordar que, además del NAFTA/T-MEC, somos socios de la Unión Europea y tenemos un importante TLC con Japón, ambos socios fundamentales en la industria automotriz. Es imperativo buscar proyectos que favorezcan esquemas en los que México pueda ser una plataforma de exportación no sólo para EU y Canadá. Si el Senado despierta de su letargo, algo se puede hacer.

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