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La 4T deja a la sociedad a merced de la delincuencia y le echa la culpa a todos los demás: los conservadores, al pasado… mientras todos seguimos padeciendo la impunidad.

Hace un par de días, Excélsior daba cuenta del informe “Víctimas de delitos del fuero común 2019”, emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se reportaban más de 26 mil víctimas de homicidio doloso.

En este contexto, dieron la vuelta al mundo las imágenes del pasado jueves en Culiacán, Sinaloa, en que criminales tomaron y cercaron con excesiva violencia dicha ciudad.

Ésa es la imagen que predomina en la percepción sobre nuestro país a nivel internacional.

En la que sicarios con armamento exclusivo del Ejército, de altísimo poder de destrucción, lo utilizaban contra el propio Ejército y policías vulnerables y abandonados.

Las imágenes en redes sociales y de los medios de comunicación sobre la inseguridad en nuestro país hacen evidente que ante la extorsión por el cobro de derecho de piso, los robos, secuestros, y todo tipo de vejaciones, no sólo en las calles de Sinaloa, sino también en Veracruz, Morelos, Baja California, Guerrero, la Ciudad de México o cualquiera de los estados del país, la sociedad está desamparada, ya que percibe que no puede o no debe ir ante las autoridades a denunciar, porque muy probablemente están coludidas con la delincuencia, ya sea porque se filtra a los delincuentes, cómplices, los datos de los denunciantes para que los intimiden o los amenacen por hacer la denuncia.

Incluso en muchas ocasiones, las autoridades acusan a los denunciantes en lugar de investigar los hechos denunciados.

Millones de personas salen todos los días a trabajar para ganarse el sustento de su familia, a estudiar para salir adelante, a comprar para preparar la comida de sus seres queridos, y se exponen no sólo a la amenaza de la inseguridad generada por la delincuencia, sino también a la criminalidad generada por el propio gobierno vestido de policía o inspector gubernamental que busca cualquier pretexto para extorsionar, ya sea porque no trae uno el cinturón, la verificación, los papeles en regla, porque no cumplió con la mínima obligación.

No obstante ello, también miles de servidores públicos: nuestros médicos, enfermeras, ingenieros, laboratoristas, bomberos, militares, policías, incluso jueces, todos ellos también están solos frente a la delincuencia.

Los mandan a cumplir sus misiones sin el respaldo adecuado. Estamos hablando de policías locales como los de Michoacán, a quienes enviaron a cumplir una orden sin la protección y el apoyo necesario para enfrentar a la delincuencia.

Eso mismo sucede con nuestros médicos que envían a zonas en donde están expuestos y amenazados por el crimen organizado para que curen a sus heridos, con la amenaza de muerte si se equivocan, o las doctoras y enfermeras vejadas o abusadas sexualmente, así como los bomberos enviados a apagar el fuego sin contar con los recursos humanos y materiales necesarios.

Falló la estrategia de abrazos, de las amenazas de acusarlos con sus mamás… pero sobre todo la inteligencia para enfrentar la delincuencia. Ahora nos pretenden vender con mayor inteligencia una estrategia electorera de protección a la población.

¿Para cambiar la estrategia, cuántas muertes faltan de los militares, miembros de la Guardia Nacional, de los policías federales de investigación o de las estatales y municipales?

El pasado jueves se permitió que se expusiera a familiares de los militares frente a la amenaza de la delincuencia, ya que no se les brindó el apoyo y el respaldo necesario a las fuerzas especiales de la Guardia Nacional para enfrentar la criminalidad, todo para evitar que se fuera agredir la popularidad y al otro ejército, el que más le preocupa en verdad, el ejército de votantes de las próximas elecciones.

Una vez más se les envió a cumplir su deber sin el apoyo necesario. Lo mismo sucede en el Poder Judicial federal…pero eso será materia de otra colaboración.

 

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