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Las declaraciones del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el marco de la Cuarta Convención Nacional de Afores, el miércoles pasado, reavivaron un debate que ha estado presente de manera intermitente en la agenda pública de los últimos años, sin que hasta ahora se haya resuelto la viabilidad del sistema de pensiones o de fondos para el retiro de los trabajadores.

El secretario Arturo Herrera dijo que “para que los trabajadores tengan pensiones más dignas se necesita que ahorren más, aporten más (voluntariamente) o que, en algún momento, aumente la edad de retiro”, con lo cual se abre una discusión que exige visión de futuro y colocar en el centro el bienestar de los trabajadores activos y jubilados.

Al día siguiente, el jefe del Ejecutivo federal descartó elevar la edad de retiro y se comprometió a que los fondos de las Afores no serán utilizados para financiar proyectos de infraestructura que pongan en riesgo su conservación y rendimiento.

Cabe mencionar que, días antes, el Senado de la República aprobó la minuta que reforma la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, flexibiliza el régimen de inversiones y los esquemas de cobro de comisiones y elimina la intermediación de las Sociedades de Inversión Especializada, entre otras medidas.

Otra reforma introducida por el Senado es la eliminación de un periodo obligatorio para el mantenimiento de los fondos depositados de forma voluntaria; en adelante, estos podrán retirarse cuando desee el titular de la cuenta. Esta medida nos alerta sobre una cuestión de fondo:
el precarismo de la vida laboral al final de los años productivos, lo que obliga a muchos a buscar un alivio financiero para solventar urgencias médicas o necesidades familiares extraordinarias.

El sistema pensionario es inseparable de tres grandes temas de la política pública: el sistema de seguridad social y los servicios de salud, la cuestión laboral, y la fijación de los salarios, y la política económica y social en los renglones fiscal y de los programas asistenciales.

El sistema pensionario es una expresión crítica de esta ecuación y refleja una cuestión crucial del modelo de desarrollo: la garantía de un futuro digno para quienes han generado riqueza para la nación y el derecho de los trabajadores a retirarse de la vida laboral en la tercera edad con tranquilidad económica y salud.

La realidad para muchas generaciones es muy amarga, pues quienes empezaron a trabajar antes de 1997 recibirán 70% de su salario de cotización, pero quienes lo hicieron después sólo obtendrán entre 25 y 30%, lo que hoy se traduce en 2,500 pesos, en promedio.

Según Santiago Levy (Nexos, octubre 2019), sólo uno de cada tres trabajadores que ingresó al mercado laboral luego de 1997 tendrá derecho a una pensión de jubilación; apenas uno de cada dos recibirá atención médica del IMSS; y 750 mil trabajadores se jubilarán sin pensión o servicio médico este sexenio, a pesar de haber cotizado a ese instituto, y un millón más estará en la misma condición el siguiente sexenio.

Como puede verse, la cuestión pensionaria no puede resolverse de fondo si no se concibe como parte de una estrategia económica progresista, sustentada en una reforma fiscal integral y profunda, así como una política salarial y social responsables que permitan elevar el monto de las pensiones, con un equilibrio justo entre la edad de retiro y las contribuciones obligatorias de los trabajadores.

Se trata de una gran asignatura que sólo podrá encararse con el diálogo entre todos los agentes productivos y las fuerzas políticas, para asegurar un futuro digno para los trabajadores y sus familias.

 

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