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La corrupción se barre como las escaleras, de arriba para abajo…”, suele repetir AMLO cada vez que se le ofrece. Pero todo ha quedado en palabras con los casos de corrupción denunciados desde que se instaló la 4T, en diciembre de 2018.

La escoba no ha funcionado con personajes ligados al presidente López Obrador que todos conocemos: los hermanos, la prima, miembros de su gabinete legal y ampliado. Pero también se quedó atorada con un funcionario  del régimen anterior involucrado en el caso de Odebrecht: Emilio Lozoya.

El exdirector de Pemex se acogió a una figura que ha evitado que pise la cárcel: el criterio de oportunidad (algo así como el testigo protegido en Estados Unidos)

El Presidente tiene ahora una nueva oportunidad de cumplir ese compromiso: El INE acreditó que altos funcionarios de su gobierno incurrieron en irregularidades para  financiar a Morena en el Estado de México.

Se trata de Delfina Gómez, titular de la SEP, y Héctor Duarte, administrador de Aduanas del SAT. Ella fue alcaldesa de Texcoco entre 2013 y 2015; él fungía como secretario del ayuntamiento. El instituto también involucró a Higinio Martínez, quién ya alzó la mano para buscar la candidatura de Morena al gobierno del Estado de México en 2023.

Los involucrados  cobraban  diezmo a los trabajadores del ayuntamiento y a los del DIF de Texcoco. El monto involucrado es de 13 millones 752 mil 414 pesos, pero la multa prevista por el INE a Morena, si se aprueba el proyecto de resolución que será sometido al Consejo General, no llega ni a la tercera parte: 4 millones 229 mil 225 pesos. Dice el proyecto: “Lo descontaban (el diezmo) de la nómina por concepto de aportaciones al Grupo de Acción Política (GAP), una corriente de Morena”.

Lo entregaban a dos militantes de Morena: (María Victoria Anaya Campos y Sara Iveth Rosas Rosas.) Añade: “Para guardar las apariencias, obtuvieron de los trabajadores una declaración de voluntariedad para los descuentos con el concepto de aportaciones al Grupo de Acción Política (GAP), la corriente que lideran Duarte y el propio Higinio Martínez.”

El proyecto tiene su origen en una denuncia que fue presentada  por el Partido Acción Nacional contra Delfina Gómez en abril del 2017, cuando la hoy titular de la SEP fue candidata de Morena al gobierno del Estado de México.

El INE pretende dar vista de estas irregularidades a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), y a la UIF. Hay  conductas que pudieran configurar delitos electorales, subraya.

*Legisladoras de  distintos partidos políticos, incluido Morena, arroparon ayer al exdiputado  federal, Sergio Mayer, acusado de “tráfico de influencias”, por asumir activamente la defensa de una joven agredida sexualmente por su padre.

Alexa, 19 años, hija del actor Héctor Parra,  acusó a su padre de abusarla desde que tenía seis años.  El actor se encuentra detenido desde hace dos meses en el Reclusorio Oriente.

La denuncia contra Mayer la puso Daniela Parra, la hija mayor del actor encarcelado. Sus abogados  esperaron a que el exdiputado se quedara sin fuero para proceder contra él. Pero, en lugar de amedrentarse, el expresidente de la Comisión de Cultura de la Cámara baja redobló  esfuerzos para defender a la presunta víctima.

No es casual que senadoras como Josefina Vázquez Mota,  Xóchitl GálvezMinerva HernandezGuadalupe Saldaña;  Guadalupe MurguíaNadia Navarro, PAN; Guadalupe Covarrubias, Morena; Verónica Juárez, excoordinadora de la bancada del PRD en San Lázaro, participaran en la rueda de prensa que Mayer ofreció en el Senado.

*Al cierre de esta columna, el grupo plural de trabajo que revisa artículo por artículo la famosa Ley Secundaria de Revocación de Mandato se fue a receso. Horas de negociación con tintes esquizofrénicos: la ley es empujada  por el  Presidente y obstaculizada por la oposición. En el papel, permite al ciudadano quitar al mandatario a mitad del camino, si el ciudadano considera que es mala  su gestión.

El impasse fue provocado por la pregunta: Morena y sus aliados la sesgan hacia la ratificación; el Bloque de Contención hacia la revocación, y Morena y sus aliados tienen los números para sacar la ley sin el respaldo de la oposición. No requiere mayoría  calificada (dos tercios de los presentes).

Pero Ricardo Monreal, coordinador de la bancada guinda y presidente de la Junta de Coordinación Política, se aplicó para que el ordenamiento saliera por consenso y de este modo evitar su judicialización.

Por consenso o por mayoría, pero habrá Ley Secundaria de Revocación de Mandato.

 

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