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CIUDAD DE MEXICO. -Con o sin Fiscal el Sistema Nacional Anticorrupci?n (SNA) inicia funciones el mi?rcoles, a trav?s de este organismo se crearon un conjunto de leyes e instituciones, con la participaci?n de organismos y ciudadanos para enfrentar de una manera distinta y amplia esta problem?tica.
Se hab?a fijado el plazo de un a?o establecido en las normas del sistema publicadas en el Diario Oficial de la Federaci?n el 18 de julio de 2016 por lo que el SNA debe iniciar su vigencia a partir del19 de julio del presente a?o.
Jacqueline Peschard titular del SNA, conjuntamente con Arely G?mez titular de la Funci?n P?blica, y Francisco Javier Acu?a comisionado presidente del INAI, son algunos de los integrantes que dar?n luz verde a las actividades del SNA.
Se pretende que con la participaci?n de organismos y ciudadanos se enfrente de manera amplia, efectiva y diferente la problem?tica.
La mayor?a de las instituciones que constituyen este sistema ya exist?an, aunque algunas de sus partes son nuevas, como la Fiscal?a Anticorrupci?n y el Comit? de Participaci?n Ciudadana.
La creaci?n del sistema implic? la modificaci?n de siete leyes, entre ellas la General de Transparencia y Acceso a la Informaci?n, la de Protecci?n de Datos Personales en Posesi?n de Sujetos Obligados y la de Responsabilidades Administrativas.
Asimismo, se design? a un Consejo Consultivo, encabezado por el Comit? de Participaci?n Ciudadana, con un Secretariado T?cnico, que contar? con un presupuesto superior a 200 millones de pesos anuales.
Participan tambi?n la Auditor?a Superior de la Federaci?n; la Secretar?a de la Funci?n P?blica; el Tribunal de Justicia Administrativa; el Consejo de la Judicatura Federal; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci?n y Protecci?n de Datos Personales, as? como el fiscal anticorrupci?n.
Aunque ya se cumpli? el plazo y las tareas est?n bien definidas, quedan algunos temas pendientes, como la aprobaci?n de una Ley General de Archivos, que no ha dictaminado el Congreso, y el nombramiento de un fiscal anticorrupci?n, que el Senado tampoco ha nombrado.
Igualmente, falta establecer en la mayor?a de los estados de la Rep?blica los Sistemas Locales Anticorrupci?n, que deber?an ser espejos del nacional y que el Senado nombre a 18 magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa, quienes deber?an encargarse de juzgar los casos graves de corrupci?n tanto de funcionarios p?blicos como particulares.
Esos magistrados deben encabezar la Tercera Sala del Tribunal y cinco Salas Regionales, las cuales el Tribunal cre? la semana pasada, con base en su Ley Org?nica, aunque no existan todav?a los juzgadores oficialmente nombrados por la C?mara alta.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas se?ala que toda persona que reciba recursos del Estado debe presentar anualmente (a partir de este mi?rcoles) declaraci?n patrimonial y de intereses.
Esto incluye a los empleados de todos los niveles, desde el m?s modesto hasta el presidente de la Rep?blica, sin importar si son de base, eventuales o hasta de honorarios y a todo aquel que haga negocios con el gobierno.
La raz?n de ello es que se pueda castigar tambi?n a particulares que incurran en actos de corrupci?n con funcionarios. Sin embargo, como todav?a no existen los formatos para presentar estas declaraciones, ese paso no se puede cumplir.
Con todo ello, el sistema entrar? en operaci?n ma?ana, como un esfuerzo por combatir de fondo y para siempre el grave flagelo de la corrupci?n.
