Iván Garza García
La cuarta … ¿adjudicación?
Tras rendir su (honestamente no se que número es) informe de resultados con motivo del tercer año del – denominado por él mismo – triunfo histórico y democrático del pueblo mexicano, el Presidente López Obrador no ha podido deshacerse de una de las tantas piedras en el zapato que ponen en tela de duda los logros anunciados en materia de combate a la corrupción.
Atrás quedaron los tiempos en los que el hoy inquilino del Palacio Nacional proclamaba incendiarias arengas en las que invitaba al respetable a alzar la voz en contra de los regímenes cuyos titulares usaban para sí los recursos de todos.
Corría el año 2017 cuando el experimentado político tabasqueño, enfundado en su papel de presidente de MORENA, presentaba un documento que contenía 26 propuestas en contra de la corrupción. El llamado Proyecto de Nación 2018 – 2024 le sirvió al macuspano favorito como plataforma para el proceso comicial que estaba por llegar. Promover la práctica de licitaciones públicas en línea; definir responsabilidades administrativas y penales para los servidores públicos que incumplieran o simularan las licitaciones y la prohibición total de las adjudicaciones directas, eran parte de las ideas planteadas. Más tarde, en 2018, ante constructores reunidos en Guadalajara con motivo de su campaña, el entonces candidato presidencial criticó que se hayan puesto de moda las adjudicaciones directas y aseguró que – de ganar las elecciones – los empresarios de aquel ramo podrían obtener utilidades derivadas de licitaciones transparentes.
Fue tal la antipatía mostrada por el actual mandatario hacia las adquisiciones públicas sin proceso licitatorio, que su intención de prohibirlas fue recogida en el mismísimo Plan Nacional de Desarrollo; ¡sí mamá!, ese del cual se dijo que era de lectura obligada, pues se sostenía en las bases del plan del Partido Liberal publicado en 1906 por los hermanos Flores Magón. En el escrito de marras puede leerse con claridad en uno de sus párrafos: “Tal es el propósito de tipificar la corrupción como delito grave, prohibir las adjudicaciones directas (léase en negritas), establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses (etcétera) …”.
Pero como no es lo mismo ponerlo en papel que llevarlo a la práctica, las mentadas compras directas no solo continúan siendo un mecanismo de contratación, sino que – además – su práctica (antes tan ácidamente criticada) ha ido en franco aumento.
En 2019, el Instituto Mexicano para la Competitividad detectó que durante el primer año de gestión del Presidente López Obrador el porcentaje del monto adjudicado de manera directa aumento cuatro puntos respecto al 2018. Para el 2020 se rompieron todos los records, pues casi 1 de cada 2 pesos gastados por el Gobierno Federal fue contratado mediante ese método. De hecho, el año pasado – por primera vez en la historia – las cantidad de recursos públicos destinados a adjudicaciones fue mayor a la utilizada para contratar a través de licitaciones públicas. Y como si el horno estuviera para bollos, el presente 2021 pinta para superar a los anteriores en el mencionado rubro. De acuerdo a un reciente estudio de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, en los primeros seis meses del presente año, el Gobierno de la República otorgó nada menos que 55 mil 691 contratos por asignación directa, por un monto de 74 mil 639 millones de pesos; dicho de otra forma, quienes se comprometieron a prohibir totalmente las compras sin competencia han otorgado 80.6 por ciento de sus contratos a través de ese mecanismo; o lo que es lo mismo, 8 de cada 10 contratos fueron celebrados sin atender a procesos abiertos y competidos, lo que en otro tiempo hubiera sido ferozmente tildado de corrupción.
Aquí en confianza, la eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez en la administración de los recursos públicos es un mandato establecido en el derecho positivo mexicano. El artículo 134 de la Constitución es claro cuando establece que las adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones y contrataciones deberán llevarse a cabo a través de licitaciones públicas, esto con el fin de asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad; solo en forma excepcional puede acudirse a mecanismos distintos. Pero como hoy por hoy el texto constitucional no es volteado a ver muy a menudo y la promesa de prohibir las compras directas se antoja de cumplimiento lejano, hay quienes ya proponen bautizar al actual régimen como la cuarta adjudicación.