Docente rompe el silencio: denuncia tres años de acoso laboral por autoridades educativas

Por Gerardo Rico

Ramos Arizpe, Coahuila.– La maestra Michelle Ramírez Ibarra, docente de nivel primaria, denunció haber sido víctima de acoso laboral, hostigamiento y maltrato psicológico durante más de tres años, presuntamente por parte de la supervisora escolar de la zona donde laboraba. Según su testimonio, la situación ha tenido un grave impacto en su salud mental, afectándola emocional y profesionalmente.

El calvario inició tras un episodio depresivo que llevó a la educadora a solicitar una incapacidad médica, avalada por especialistas del sector privado y del ISSSTE. Sin embargo, a su regreso al plantel, asegura que fue recibida con comentarios despectivos, burlas sobre su condición emocional y ataques personales relacionados con su vida privada.

“Me decía cosas como ‘te pasó eso porque te engañó tu esposo’ o ‘ya no tienes dinero, ¿verdad?’ Incluso, llegó a cuestionar la forma en la que vestía, comparándome con alguien que va al súper o a limpiar su casa”, relató la maestra, quien documentó varios de estos ataques mediante grabaciones de audio.

La situación empeoró con la llegada de una nueva directora, lo que dejó a Ramírez bajo supervisión directa de una asesora técnica, que según la denunciante, seguía instrucciones precisas para vigilarla. Afirma que fue colocada frente a la oficina de supervisión, le retiraron las cortinas del salón para observarla y se le prohibió permanecer sentada, generándole episodios de ansiedad y ataques de pánico.

En enero de este año, Michelle Ramírez y su esposo interpusieron una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Secretaría de Educación, donde entregaron pruebas e hicieron un llamado al titular, Emanuel Garza, para intervenir. Aunque inicialmente hubo una respuesta positiva, el seguimiento fue deficiente, afirma la docente, quien además fue removida de su escuela, mientras que las funcionarias señaladas continúan en sus cargos.

Durante el proceso, Ramírez fue también desacreditada por el área jurídica de la Secretaría de Educación, que intentó justificar las acciones de las supervisoras bajo el argumento de que ella era “una mala maestra”, basándose en actas fabricadas con declaraciones de padres de familia previamente influidos. Las pruebas en audio que presentó no fueron aceptadas.

Ante la falta de justicia institucional, la maestra solicitó públicamente la intervención del gobernador Manolo Jiménez Salinas y de su esposa, Paola Rodríguez López, a través de los programas estatales de atención emocional y protección a mujeres en situación de violencia.

“No pido un favor, pido justicia. No quiero que me premien, solo que me devuelvan la dignidad y el derecho a trabajar sin miedo”, declaró la maestra.

El caso también fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, donde busca que se sancione a las funcionarias responsables y se sienten precedentes para la protección de otros docentes en circunstancias similares.